
Los cancilleres de Perú y Colombia, Elmer Schialer y Rosa Villavicencio, respectivamente, ratificaron la realización del encuentro mixto para inspeccionar el territorio limítrofe entre ambos países en el marco de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF). El encuentro se dará esta vez tras el impasse generado luego de que Gustavo Petro, presidente de Colombia, asegurara que el distrito de Santa Rosa pertenecía a su nación. Las fechas anunciadas se darán para los días 11 y 12 de septiembre de este año.
La reunión se desarrollará en territorio peruano, específicamente en la ciudad de Lima. Los representantes de ambos países señalaron que el diálogo priorizará las necesidades de las poblaciones que habitan en la zona de Santa Rosa. Se espera que tras concluidas estas conversaciones, los Gobiernos de ambos países establezcan una posición oficial respecto a la disputa limítrofe.
Luego de que Gustavo Petro hiciera público sus deseos de que el territorio amazónico responda a la soberanía colombiana, Boluarte hizo llegar su mensaje al mandatario colombiano. A través de un mensaje a la Nación, Boluarte aseguró que no apelaría a la escalada del conflicto.
“Los llamo a mantener la calma y la unidad. Felicito a las diversas instituciones y a los políticos en el Perú que se han manifestado de forma conjunta para defender nuestra soberanía. Nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está bajo nuestra soberanía nacional. Por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte (Colombia)", indicó entonces la mandataria peruana durante su estadía en un viaje oficial a Japón.
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El Poder Judicial condenó a los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López a un año y cinco meses de prisión suspendida y ordenó su inmediata expulsión del Perú. Ambos fueron encontrados culpables del delito de violación de la soberanía extranjera, tras ser intervenidos en el distrito de Santa Rosa, en Loreto, donde realizaban mediciones con GPS satelital en una zona amazónica que mantiene tensiones limítrofes con Colombia. Una vez cumplida la disposición, los sentenciados serán trasladados a la ciudad de Leticia.
Como parte de la sanción, el tribunal dispuso el pago solidario de S/ 4.500 por concepto de reparación civil, que deberá ser cancelado en un plazo ya vencido de 24 horas, bajo advertencia de que, en caso de incumplimiento, la condena suspendida se transformará en efectiva. La sentencia se emitió tras un acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público y los procesados, quienes aceptaron su responsabilidad en los hechos investigados.

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