
El gobierno regional de La Libertad, liderado por César Acuña, destinó 58 millones de soles para el proyecto “Procompite”, un programa diseñado para beneficiar a pequeños empresarios con financiamiento para maquinaria, equipamiento y planes de negocio. Sin embargo, ambos concursos realizados en 2023 y 2024 fueron anulados debido a serias irregularidades administrativas y cuestionamientos legales que impidieron la entrega efectiva de estos recursos.
Informes internos del Gobierno Regional, a los que tuvo acceso Cuarto Poder, detallan múltiples vicios y faltas en la organización y ejecución de los concursos. Entre ellos, la falta de expedientes técnicos, ausencia de documentos legales, y la conformación irregular del comité evaluador, presidido por Juan José Fort, mano derecha de Acuña en la región y uno de los principales implicados en el escándalo.
Pequeños empresarios denunciaron además presuntas exigencias de pagos indebidos para ser favorecidos en el proceso, lo que generó protestas y un fuerte rechazo hacia la gestión regional. La crisis de 'Procompite' pone en entredicho la transparencia y la responsabilidad en el manejo de fondos públicos en La Libertad bajo el mando de Acuña.
El proyecto 'Procompite' tenía como objetivo impulsar a los emprendedores liberteños, pero terminó envuelto en un escándalo por corrupción. Juan José Fort, entonces gerente de producción y figura clave en la gestión de Acuña, lideraba el comité encargado de seleccionar a los ganadores. Sin embargo, Fort y su equipo no cumplieron con los procedimientos administrativos que rigen este tipo de concursos, lo que derivó en la anulación del proceso.
Empresarios del sector textil denunciaron que Fort, a través de un intermediario identificado como Jhony Carranza, les solicitaba dinero a cambio de asegurarles la adjudicación del financiamiento. Un comerciante aseguró haber pagado hasta 25 mil soles bajo la promesa de ser beneficiado, aunque finalmente el programa fue suspendido y nunca se concretaron los apoyos.
Las irregularidades no solo afectaron la transparencia del concurso, sino también el destino de millones de soles públicos. Documentos oficiales revelan que no se adjuntaron expedientes técnicos ni se verificó la propiedad de los terrenos donde se instalarían las maquinarias financiadas, además de que las declaraciones juradas carecían de respaldo documental. La falta de rigurosidad fue tal que solo cuatro miembros evaluaron los proyectos cuando la normativa exige siete.
Ante las denuncias y la anulación de los concursos, la Gerencia General del Gobierno Regional confirmó que se retrotrajo el proceso a la etapa de admisibilidad para verificar si los planes de negocio cumplían con los requisitos. Sin embargo, no ofrecieron explicaciones claras sobre las causas del fracaso ni asumieron responsabilidades.
Juan José Fort, quien también fue coordinador político provincial de Acuña en Trujillo, solicitó licencia médica tras la polémica, pero sigue vinculado al partido político del gobernador. Mientras tanto, Acuña se encontraba fuera del país durante la revelación del escándalo, y a su retorno garantizó que el programa continuará adelante, dejando abierta la puerta para corregir las fallas detectadas.
El gobernador se limitó a señalar que la Fiscalía y el Poder Judicial deberán investigar cualquier indicio de corrupción y reafirmó el compromiso de cumplir con los apoyos a los emprendedores. No obstante, la crisis de 'Procompite' profundiza la desconfianza en la gestión de Acuña, que acumula ya varias denuncias y cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en La Libertad.

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