
La Carlincatura de este 1 de agosto expone el respaldo de la Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, a las modificaciones en la Ley de extinción de dominio aprobada por el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional (TC) ha eliminado la posibilidad de aplicar la extinción de dominio a bienes obtenidos de manera ilícita antes del año 2018. Esta figura legal permitía al Estado recuperar propiedades vinculadas a delitos como corrupción, narcotráfico o lavado de activos, incluso si las personas responsables no habían sido condenadas penalmente.
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