
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que por unanimidad han decidido aplicar el "proceso de ejecución forzosa" para restituir a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. La medida aprobada por seis de los siete miembros de la JNJ -el juez Francisco Távara no estuvo presente en la sesión- hace un llamado a que se use la fuerza pública para poder sacar a Espinoza Valenzuela de su cargo.
La JNJ también calificó a Delia Espinoza de "desobediente" por incumplir con el mandato de la resolución que dispone la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Asimismo, aseguraron que no se trataría de una función constitucional de la Junta, sino de una medida administrativa, pues dicha reposición no constituye de un nombramiento.
La JNJ desestimó la demanda de amparo que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con la finalidad de desacreditar las acciones de defensa que viene tomando para evitar el golpe al Ministerio Público. "En tanto no exista pronunciamiento judicial firme en ese proceso, la resolución mantiene su plena vigencia y debe ser cumplida conforme a lo dispuesto por el artículo 9 del Texto único Ordenado de Procedimiento Administrativo General", expresó Gino Rios, presidente de la JNJ.
Asimismo, Rios apeló al término "Estado de derecho" indicando que "los funcionarios públicos están obligados a cumplir con las decisiones emitidas por los órganos competentes mientras no sean legalmente revocadas".
Gino Rios indicó que Delia Espinoza ha iniciado diligencias preliminares contra los seis miembros de la JNJ, basándose en las opiniones de Francisco Távara, el único consejero de la Junta que no votó a favor de la restitución de Patricia Benavides tras no asistir a la sesión. "Esta actuación compromete los principios de legalidad e imparcialidad y objetividad que rigen la función fiscal, pues no puede atribuirnos responsabilidad penal por el ejercicio de nuestras funciones", indicó el titular de la JNJ.
Luciano López, abogado de Delia Espinoza, indicó que la JNJ ha reconocido que la restitución de Patricia Benavides es un acto administrativo y no un acto judicial, por lo que la fuerza pública, es decir, la PNP, no puede actuar para que se ejecute la acción.

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