Congreso: plantean sancionar con cárcel a políticos que difundan mentiras en campaña electoral

Un nuevo proyecto de ley propone sancionar penalmente a los políticos y funcionarios públicos que utilicen la mentira como estrategia política en sus campañas. La iniciativa legislativa, presentada por el congresista Roberto Kamiche Morante (Alianza para el Progreso), asegura que busca frenar "la difusión de información falsa" en la política y evitar que se normalice la "desinformación como estrategia electoral".

"El candidato hábil de una lista electoral que utilice, en el proceso electoral en el cual participa, la mentira como estrategia política que distorsione hechos o datos históricos, estadísticos, económicos, científicos o de otra naturaleza, para intentar persuadir al electorado en favor de su candidatura o en contra de otro candidato será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años", se le el proyecto.

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Candidato sería sancionado con hasta 4 años de cárcel

El proyecto establece que los candidatos que cometan algunos de los hechos descritos anteriormente podrían recibir una pena de cárcel de entre uno y cuatro años. Esta sanción también se aplicaría a quienes, desde un cargo público, divulguen información falsa para justificar decisiones o desacreditar a opositores.

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Para ello, se plantea modificar el Código Penal para incluir el artículo 356.A, el cual tipifica la mentira política como un delito que atenta contra la gobernanza del país. Además, el texto legislativo introduce dos nuevos artículos, el 376.C y el 376.D, que castigan el incumplimiento injustificado de promesas electorales y el uso de la mentira como estrategia gubernamental.

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Según el proyecto, un funcionario público que incumpla de manera arbitraria las promesas contenidas en su plan de gobierno podrá enfrentar una pena de hasta cuatro años de prisión. De igual manera, quienes tergiversen datos económicos o científicos desde sus cargos de poder podrían recibir sanciones similares.

La propuesta legislativa ha sido remitida a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y a la de Constitución y Reglamento; y toma especial relevancia en el contexto de las próximas elecciones generales del 2026, donde ya se está preparando el terreno para los próximos candidatos congresales y presidenciales.