Últimas noticias, domingo 2 de marzo: dominicales sobre Dina Boluarte, Congreso, Juan Santiváñez y Delia Espinoza

Dos testigos bajo protección ofrecieron al Ministerio Público declaraciones pormenorizadas que involucran al ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, en una supuesta red de sobornos destinada a alterar resoluciones judiciales en beneficio de sus clientes. Según un informe de Cuarto Poder, los testimonios, que contarían con el respaldo de audios, videos y documentos, indican que el funcionario habría recibido pagos ilegales para "solucionar" casos penales, aprovechando su influencia en el sistema judicial.

La presidenta Dina Boluarte está siendo investigada por el supuesto delito de colusión en relación con las indagaciones sobre la contratación de su antiguo amigo, Víctor Torres Merino, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) durante su periodo como ministra. Durante ese tiempo, Torres obtuvo cuatro órdenes de servicio que alcanzaron hasta S/14.000, de las cuales una fue con Qali Warma y tres con el programa País, según informó el programa dominical Punto Final.

Juan Luis Chong Campana, quien es sobrino de la presidenta Dina Boluarte, se enfrenta a una pena de 5 años de prisión por el delito de tráfico de influencias, después de ser declarado culpable de pedir sobornos a empresarios durante su tiempo como vicegobernador de Lima Provincias entre 2015 y 2018. No obstante, a pesar de la sentencia definitiva y la orden de arresto en su contra, Chong Campana continúa en libertad, según un informe de Cuarto Poder.

Carlos Guillén Anchayhua, quien tendría una relación cercana con la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor, está siendo investigado no solo por presunto tráfico de influencias en el caso Qali Warma, al intentar sobornar a la aspirante a colaboradora eficaz Noemí Alvarado para que no testifique, sino que también enfrenta una acusación por supuesto tráfico ilícito de drogas.

El gobierno regional del Callao, bajo la dirección del gobernador Ciro Castillo, habría desembolsado aproximadamente S/250.000 por servicios que nunca se llevaron a cabo. La Contraloría indicó que estos pagos fueron respaldados por documentos y fotografías falsificadas por la empresa JISAM S.A.C., que recibió estos fondos, afirmando haber realizado ocho trabajos para el gobierno regional, con montos que varían entre S/25.000 y S/36.800, según lo informado por el programa dominical Panorama.

El ministro del Interior, Juan Santiváñez, brindará una entrevista en el dominical Cuarto Poder para brindar detalles sobre su gestión y los cuestionamientos en su contra.

Con el objetivo de acelerar la aprobación de la insistencia del proyecto de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, la legisladora Ruth Luque propuso una moción para convocar a una sesión extraordinaria; no obstante, solo consiguió reunir 26 de las 78 firmas requeridas. Las firmas que faltan provienen de las tres agrupaciones con mayor número de integrantes en el Parlamento: Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso.

En el Congreso se está promoviendo un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por "asesinato de pareja". A poco tiempo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), desde el Parlamento se busca suprimir este delito, que fue establecido en diciembre de 2011 como una medida para sancionar y condenar la violencia hacia las mujeres en Perú.

Un grupo de juristas presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una ampliación de la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, quien está siendo investigada por la muerte de más de 50 peruanos y por los 344 ciudadanos que resultaron heridos a causa de la represión policial durante las protestas que tuvieron lugar entre enero de 2022 y febrero de 2023, tras su asunción al poder luego de la destitución de Pedro Castillo.

"Esos qanras (sucios) congresistas, qué se habrán creído, la mano nos han metido. No trabajan, no hacen nada, solo cobran rico. Sí, sí, sí, sí, abren su chonguito. Esos corruptos nos han levantado. No, no, no, no nos han pagado", cantó Ayacucho en contra del Congreso.

El Ministerio del Interior, encabezado por Juan Santiváñez, ha informado sobre la presentación de una demanda constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta acción se debe a la observación y no aplicación de la Ley 32130, la cual restringe las funciones del Ministerio Público y transfiere de manera inapropiada la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú (PNP).

El Gobierno de Dina Boluarte destinará S/35.000 mensuales para pagar al vocero del Ministerio del Interior, el coronel PNP en retiro, Carlos López Aedo, y del vocero presidencial, Fredy Hinojosa. El salario de López Aedo, que asciende a S/10.000, aún no se ha concretado, ya que comenzó sus funciones el 17 de febrero pasado. Por su parte, Hinojosa recibe S/25.000 al mes desde el 3 de mayo de 2024.

La presidenta Dina Boluarte no se presentó a la citación del Ministerio Público en el caso Cofre, en el que se le imputa haber facilitado la fuga del prófugo Vladimir Cerrón del condominio Mikonos en Asia utilizando el vehículo presidencial. De acuerdo con fuentes cercanas al Palacio de Gobierno, Boluarte habría viajado a Chalhuanca, Apurímac, para atender su agenda presidencial; no obstante, en la página oficial del gobierno no se registró ningún evento programado para ella.

Los dominicales comenzaron minutos antes de las 8 de la noche, en la que informarán sobre Dina Boluarte, Congreso, Juan José Santiváñez y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.