Fiscal de la Nación presentó 2 demandas de inconstitucionalidad contra el Congreso ante el TC

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que presentó dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por la aprobación de leyes que interfieren con la independencia de la labor fiscal y vulneran gravemente la autonomía del Ministerio Público.

Específicamente, se trata de la ley N° 32107 que prescribe los delitos de lesa humanidad y la Ley 32130 que faculta a la PNP la investigación preliminar. La fiscal de la Nación confirmó la presentación de las demandas en su discurso por el inicio del año fiscal 2025.

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"Se trata de las leyes 32107 que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra; y la Ley N° 32130 que fortalece la investigación del delito como función de la Policía, agiliza los procesos penales", precisó la institución.

Además, denunció "una campaña masiva de promulgación de leyes arbitrarias e inconstitucionales" que afectan las funciones del Ministerio Público y las investigaciones que realizan los fiscales en la persecución del delito y el crimen organizado.

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Espinoza puntualizó que ambas demandas fueron presentadas el último 20 de diciembre, tal como informó La República, en su edición del 21 de noviembre.

"Sobre la autonomía fiscal y las normas contrarias al marco constitucional, como todos sabemos, se han venido aprobando diversas leyes que, sin duda alguna, interfieren en la independencia de la labor fiscal, comprometiendo gravemente la autonomía del Ministerio Público", expuso.

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En ese contexto, precisó que las demandas se realizan en "defensa de los principios que rigen nuestra labor y nuestras atribuciones, que son esenciales para garantizar runa justicia independiente y eficaz".

Delia Espinoza: ¿qué dijo la fiscal de la Nación sobre la Ley 32107 y 32130?

Tras ello, Espinoza explicó los fundamentos por los cuales presentó las demandas. En primer lugar, sobre la Ley 32107, norma que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.

La fiscal de la Nación explicó que dicha norma introduce disposiciones que, a juicio del Ministerio Público, debilita el marco normativo que sustenta la persecución de delitos tan graves como los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra protegidos por los instrumentos internacionales en el ámbito del derecho penal humanitario.

"Nuestra acción constitucional busca que estas disposiciones no limiten la capacidad de la Fiscalía de actuar de manera contundente frente a estas violaciones de derechos fundamentales, respecto de los cuales ya existen sentencias firmas y aún se siguen desarrollando procesos en esa materia", fundamentó.

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En segundo lugar, la otra demanda va contra la Ley 32130, esta norma plantea modificaciones que afectan la autonomía funcional del Ministerio Público como persecutor exclusivo en la investigación del delito, tal como lo señala la Constitución, explicó Espinoza.

"Es fundamental que hagamos respetar el marco constitucional garantizando que la Fiscalía conserve su liderazgo en la investigación penal", dijo.

"Campaña masiva de promulgación de leyes arbitrarias"

Además, mencionó otra serie de normas que, a su parecer, perjudican la acción fiscal y la independencia de poderes.

"Nos encontramos en una campaña masiva de promulgación de leyes que son arbitrarias e inconstitucionales y atentan contra las funciones del Ministerio Público, perjudicando la eficiencia en las diferentes diligencias desplegadas por nuestros fiscales", agregó.

En esa línea, la líder del Ministerio Público mencionó la Ley 31751, que refiere la suspensión del plazo de prescripción, norma que "peligrosamente recorta los plazos de prescripción favoreciendo a la criminalidad, ya que impide seguir investigando los delitos cometidos".

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También, citó la Ley 31990, ley de colaboración eficaz, la cual recorta los plazos para la corroboración de la información brindada por los colaboradores eficaces "obstaculizando una persecución penal acorde con la elevada gravedad y complejidad de estos delitos,".

Además, se refirió a la Ley 32108 que exige que se requiera la presencia de un defensor público en los allanamientos con orden judicial.