Perú vota a favor de la suspensión de la pena de muerte ante la ONU y contradice propuesta de Dina Boluarte
Perú apoyó la suspensión de la pena de muerte en la ONU, alineándose con la tendencia global. Expertos opinaron ante La República sobre la contradicción entre la política externa e interna de nuestro país.
A pesar de que la presidenta Dina Boluarte ha ratificado su intención de que la pena de muerte sea debatida para ser incluida en el Código Penal peruano, la representación del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó en contra de esta medida a nivel mundial. Esto señala una clara contradicción entre la política interna nacional y las posiciones externas que manejan las misiones diplomáticas de nuestro país.
La delegación peruana en la ONU, liderada por el diplomático Enrique Roman Morey, representante permanente del Perú ante la sede de la ONU en Nueva York, se mostró a favor de la moratoria de la pena de muerte, lo que implica que la posición de nuestro país avala la suspensión del uso de la pena capital como castigo en los códigos penales del mundo. La votación en el organismo supranacional más relevante del mundo obtuvo el apoyo de más de dos tercios de los representantes nacionales, reafirmando la tendencia mundial en contra de esta medida.
Votación de la ONU a favor de la moratoria de la pena de muerte | Fuente: X-Josefina Miro-Quesada
La República buscó comunicarse con Roman Morey con el objetivo de solicitar las explicaciones sobre el voto de la delegación peruana ante el organismo internacional. No obstante, hasta el cierre de esta nota no pudimos contactarnos con el diplomático.
"Es lógico que el Estado peruano se oponga a la pena de muerte ante la comunidad internacional"
En La República consultamos con distintos especialistas sobre la posición del Perú ante la ONU con respecto a la pena de muerte. La politóloga Fabiola G. Arce consideró que la posición del Estado peruano es lógica, teniendo en cuenta que nuestro país es firmante de varios tratados internacionales que se oponen a esta medida.
"La pena de muerte es un castigo irreversible que se opone claramente a los derechos humanos. (…) Es lo lógico que el Estado peruano, que tiene una serie de compromisos internacionales, se vincule a la comunidad internacional. De hecho, la Cancillería ha tenido varios momentos en los que ha sostenido la institucionalidad en esta materia. Torre Tagle (edificio principal de la cancillería peruana) tiene una participación valiosa en el esquema de las relaciones internacionales justamente porque ha podido, en ciertos momentos de nuestra historia, defender estas posiciones institucionales, lo cual le da valor a la carrera diplomática y a la posibilidad que plantea la diplomacia como una institución estatal", indicó.
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Arce también criticó la postura de Boluarte sobre la pena de muerte, considerándola populista, puesto que ha contribuido a la proliferación de la delincuencia a través de distintas medidas: "La posición de la presidenta no es nueva. Cada cierto tiempo alguien plantea la pena de muerte ante delitos que consternan a los ciudadanos en general. No obstante, este discurso de la pena de muerte es un discurso bastante populista. Es un discurso que se recurre no siempre de manera coherente. La misma presidenta que está planteando discutir la pena de muerte es la misma que no está haciendo nada para luchar contra el crimen. De hecho, el crimen se está viendo favorecido por distintas decisiones que provienen de distintos espacios de gobierno. (…) Por ello, es bastante llamativa la falta de coherencia interna en lo que plantea", aseguró.
"Dina Boluarte no solo muestra una contradicción, sino desorden e improvisación en la política de Estado"
Por su parte, el politólogo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y director académico de la Asociación de Ciencias Sociales 'Leviatán', Martín Ueda, consideró que la pena capital no es coherente con la organización supranacional a la que está adscrito nuestro país: "La pena de muerte siempre se consolida como una medida para intentar ganar legitimidad o fervor de la población. Solamente se ha dado esa declaración, pero no se han especificado algunas medidas institucionales para garantizar la viabilidad de la aplicación de dicha pena (en caso de que se quiera implementar). No obstante, la posición del Perú en la ONU sigue alineada con la integración a las dinámicas del ordenamiento internacional, una tendencia que se viene incrementando tanto en el plano político como comercial", dijo al respecto.
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El profesor de Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos de la UNT, Osvaldo Zavala, consideró que la posición tomada por la misión diplomática del Perú es coherente con la postura nacional ante los estatutos internacionales. Asimismo, el catedrático criticó las declaraciones de Boluarte sobre la pena capital: "Lo que parece mostrar Dina Boluarte no solo es una contradicción, sino desorden e improvisación en la política de Estado. La delincuencia no se soluciona con medidas populistas como la pena de muerte. Peor aún, la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la ampliación de los supuestos de pena de muerte. Es cierto que esta medida puede ser debatida, pero la población ahora necesita acciones y respuestas inmediatas ante los problemas de seguridad que enfrenta cada día", aseguró.
Eduardo Arana, ministro de Justicia, justifica debate de pena de muerte pese a moratoria de la ONU
Eduardo Arana, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), dedicó unas palabras a la moratoria aprobada en el Consejo de las Naciones Unidas sobre la pena de muerte. Según Arana, la posición del Estado peruano es coherente, ya que se acoge a la disposición de poner bajo debate la medida resaltada por la ONU.
"Otro aspecto que ha llamado la atención de la ciudadanía está relacionado con la moratoria de Naciones Unidas sobre la pena de muerte. Algunos entendidos han señalado que esto contradice la posición del Ejecutivo. La moratoria surge como una medida para que los países no consideren la pena de muerte como una posibilidad"
"(…) Sin embargo, es pertinente observar que la propia Organización de las Naciones Unidas ha enfatizado la necesidad de debatir sobre la pena de muerte. (…) Es decir, Naciones Unidas ha exhortado a los Estados a convocar debates. Frente a ello, se ha llegado a un acuerdo que señala lo siguiente: 'Se acoge con beneplácito las iniciativas y el liderazgo político para alentar debates nacionales destinados a dejar de aplicar la pena de muerte a nivel nacional'. Eso es lo que estamos haciendo con la reciente resolución ministerial (…). Este debate no tiene como propósito apoyar o rechazar la medida. Estamos promoviendo un espacio para que se conozca la posición de los políticos, de la academia, entre otros (…)", indicó.