Este 6 de septiembre por la mañana, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se vio envuelto en una nueva situación de criticas, por parte de los habitantes de la región. Su discurso no fue bien recibido, lo que provocó el rechazo generalizado de los presentes.
Las interrupciones comenzaron al inicio de su discurso, lo que llevó al gobernador regional a aclarar que no se trataba de una audiencia pública. Indicó que, si los vecinos querían expresar sus opiniones, debían reorganizarse y solicitarlo a través de los dirigentes.
"Esto no es una audiencia pública para escuchar a todo el mundo. Se ha hecho una agenda con los dirigentes, y si ustedes quieren otra reunión, pónganse de acuerdo." expresó.
El representante de Ayacucho hizo hincapié en las obras y gestiones realizadas durante su mandato en 2011. Además, criticó a los directivos de la región por la desunión que, según él, transmitían no solo a los ayacuchanos, sino también a su persona.
“Hacen perder la voluntad de trabajar por ustedes”, indicó.
Ante estas declaraciones, los pobladores alzaron la voz y comenzaron a juzagar a Oscorima Núñez. Tras un intento fallido por continuar su discurso, decidió dar por finalizada la presentación y se retiró ante una multitud de vecinos en desacuerdo con el gobernador de Ayacucho.
El 12 de agosto del 2024, Oscorima fue forzado por los pasajeros de un avión a bajar para atender las demandas de los residentes de Huanta, quienes estaban en paro. Tras el incidente, el generó polémica al minimizar las peticiones de los ciudadanos, refiriéndose a ellas como "cosas pequeñas".
Las protestas surgieron por el presunto incumplimiento de acuerdos firmados en mayo de este año en el Centro Poblado de Pampamarca, donde se había pactado con el Gobierno Regional de Ayacucho reactivar ciertas actividades. Los residentes expresaron su descontento ante la falta de avances en los compromisos establecidos.
Wilfredo Oscorima ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional tras la incautación de sus aros de oro. Estos objetos fueron retenidos en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Oscorima sostiene que los aros forman parte de su patrimonio familiar y que su incautación es una vulneración a sus derechos.
El caso ha generado polémica, ya que el exgobernador ha enfrentado previamente varios procesos judiciales por corrupción. Sin embargo, en esta ocasión, defiende que la confiscación de los aros de oro carece de fundamentos legales sólidos, motivo por el cual ha recurrido al máximo órgano judicial del país para que se revise el procedimiento.
El Tribunal Constitucional deberá determinar si el decomiso de estos bienes fue legítimo o si, como alega Oscorima, se trata de un abuso por parte de las autoridades judiciales.
El interés público en torno al caso ha crecido, ya que la resolución del Tribunal no solo impactará a Oscorima, sino que también podría influir en futuros casos similares, generando un debate sobre el equilibrio entre justicia y protección patrimonial.