El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco del Poder Judicial aprobó la solicitud de detención preliminar contra los presuntos secuestradores de Iván Siucho Neira, testigo protegido en el caso "Los Waykis en la Sombra". La audiencia, que comenzó a las 9:00 a.m.
"Corte de Lima, a través del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco, dictaminó 7 días de detención preliminar contra 5 ciudadanos y 3 policías por el delito de secuestro y robo agravado a Iván Siucho, colaborador del caso Los Waykis", anunció el PJ vía 'X'.
Según este documento fiscal, el cual tuvo acceso La República, el fiscal Nilo Paredes Chavez interpuso esta solicitud de detención preliminar contra Armando Tapia Almonacid, Henry del Castillo Caycho, Enrique Martin Carranza Gonzáles, Jorge Javier Adán Amaya Mendoza, Rolando Castillo Pino, Medo Delgado Rodríguez, Gabriel Abraham Daniel Neyra Zapata y Edgar David Tinoco Yantas.
Ante ello, el Poder Judicial programó la audiencia para este 25 de agosto. El delito imputado a estas 7 personas es el de robo agravado en agravio de Iván Siucho y su novia, por el plazo de 7 días.
Iván Siucho Neira ha rechazado categóricamente las acusaciones formuladas por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en relación con su presunto secuestro el pasado viernes 23 de agosto, perpetrado por un grupo de 7 personas, incluidos 2 agentes de policía. En su testimonio ante la Fiscalía de Surco, al cual tuvo acceso La República, Siucho negó enfáticamente dedicarse a la venta de oro, desmintiendo así las afirmaciones del ministro.
En sus declaraciones, Siucho expresó: "Que, sí, he tomado conocimiento por los medios de prensa que el sr. ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el comandante general de la Policía, José Sanabria, han dado a entender a la prensa que yo me dedicaría a la venta ilegal de oro en mi domicilio, lo cual niego rotundamente, ya que eso afecta a mi honor por no ser cierto…".
Por otro lado, Juan José Santiváñez hizo estas declaraciones durante la ceremonia por el 37 aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Diroes, donde mencionó que el secuestro no estaba relacionado con asuntos judiciales o políticos, sino que se debía a presuntas actividades criminales vinculadas a la extorsión y seguimiento por motivos económicos.
Asimismo, Santiváñez puso en duda la legalidad de los negocios de Siucho, señalando: "Estaba participando de una negociación que no venía de ayer, sino de varios días atrás de una supuesta venta de oro. Se tiene que ver si estas sujetas o no en el ámbito de la legalidad", concluyó.
Aunque existen contradicciones en torno a los detalles de los hechos, la fiscal Marita Barreto declaró que el secuestro ocurrió de la siguiente manera: