El pasado martes 20 de agosto, un grupo de ciudadanos conformado por exfuncionarios, entre ministros y cancilleres presentaron una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por las 49 muertes registradas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023.
Ante esto, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) se ha pronunciado al respecto mediante un comunicado que ha sido compartido a través de sus redes sociales. En la carta se puede leer: "Los derechos humanos son universales e inalienables. Ninguna autoridad o persona tiene el derecho de atentar contra la dignidad humana ni actuar con impunidad frente a las demandas legítimas de los ciudadanos".
Comunicado del CAL sobre denuncia contra Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional. Foto: difusión
Seguidamente, afirman que los hechos denunciados por los ciudadanos ante la Corte Penal Internacional, no solo viola los derechos humanos, sino también "vulneran los principios básicos del Estado de derecho, la democracia y el respeto a la vida".
En esa línea, el Colegio de Abogados de Lima exige justicia para las víctimas y sus familiares, la cual aseguran se logrará a través de "una investigación y un juzgamiento imparcial, exhaustivo y transparente que determine las responsabilidades individuales y estatales".
Asimismo, el CAL hace un llamado imperativo a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional para que inicien un proceso de investigación que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades a quienes corresponda. Además, exhorta a que la presidenta de la República se pronuncie ante el país y deslinde sus responsabilidades, de ser el caso.
Harold Forsyth fue uno de los políticos que firmó la denuncia ante la CPI. Foto: Andina
El exrepresentante Permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, se pronunció tras firmar, junto a otros ciudadanos peruanos, una declaración en la que comunican haber presentado una segunda denuncia penal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra la presidenta Dina Boluarte y otras autoridades, en relación con las muertes ocurridas durante las protestas al inicio de su mandato.
En este contexto, el también exviceministro de Relaciones Exteriores señaló que las instancias internacionales podrían intervenir si las instituciones jurídicas nacionales no han tomado medidas adecuadas. Sin embargo, mencionó que existe una "excepción" establecida en el Estatuto de Roma que permite, simultáneamente a las investigaciones locales, que las víctimas recurran a organismos supranacionales.
"Es muy sencillo, por supuesto, como toda corte internacional está para actuar después de que se agote la jurisdicción nacional, pero al mismo tiempo hay una excepción explícita en el Estatuto de Roma, que es el documento que da origen a la Corte Penal Internacional, en el sentido de que si no se dan las condiciones adecuadas para un proceso nacional justo y conforme a derecho, es perfectamente posible acudir a una corte internacional", declaró el embajador Harold Forsyth en entrevista con Epicentro TV.