Durante una conferencia de prensa liderada por el primer Ministro Gustavo Adrianzén, el titular de la PCM sostuvo que a pesar de las posibles sanciones que podría recibir el Perú por ignorar la orden de la Corte IDH. El gobierno de Dina Boluarte 'no permitirá violaciones por parte de un organismo supranacional'.
"Nosotros nos defenderemos en las escenas internacionales que correspondan y haremos valer la soberanía del Estado de derecho en el Perú y no permitiremos por supuesto violación de esta magnitud por parte de un organismo supranacional", expresó Adrianzén.
Asimismo, al ser consultado sobre la validez de la carta sin sello oficial del gobierno que fue enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de la mandataria Boluarte y el Presidente del Congreso, Alejandro Soto, indicó qué, "no se necesita ni papel sello sexto, ni firmas adicionales a las que ya están allí. Basta las firmas de estas autoridades de puño y letra para que esta comunicación pueda llegar".
Además, el primer Ministro comentó que la carta enviada a la presidenta de la Corte IDH fue una respuesta a lo que las máximas autoridades del Estado consideraron una resolución inaceptable. También, aclaró que esta carta, firmada conjuntamente por Boluarte y Soto, no se incluirá en el expediente judicial relacionado con el caso de los delitos de lesa humanidad. Si no más bien sería solo un gesto político de rechazo.
"Esa carta no va al expediente donde se está viendo la causa (...), esta es una carta que firma la presidente de la República conjuntamente con el Presidente del Congreso y la dirigen directa y personalmente a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un gesto político de rechazo, no es un escrito que va a ir al expediente (...) claro que no. El expediente va por cuerdas separadas y los agentes del Estado peruano están practicando la defensa en ese extremo", se escucha decir al Adrianzén durante la rueda de prensa.
También, dijo que Boluarte decidió acatar un mandato del Tribunal Constitucional. Debido a que según la Constitución peruana, la presidenta tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Estado.
"En el Estado peruano se respeta la división a independencia de poderes y en este caso concreto, la Presidenta de la República ha decidido acatar un mandato del Tribunal Constitucional. Pues la Presidenta (...) tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Estado", comentó el titular de la PCM.
En la carta enviada por la presidenta Boluarte y el presidente del Congreso, Soto, se puede leer "deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos. Pretendería más bien en constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a Perú anular o no dar efecto al proyecto de ley que permitiría la prescripción de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
"Requerir al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú", se puede leer en la resolución de medidas provisionales de la Corte IDH.