El Poder Judicial ha ordenado levantar el secreto bancario de Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y de Yenifer Paredes, su cuñada. Esta medida también se aplicaría a otras 40 personas y empresas vinculadas a la investigación por presuntos actos de corrupción en obras de saneamiento durante el gobierno de Castillo.
La resolución fue emitida por el juez Raúl Justiniano, en respuesta al requerimiento del fiscal Jorge García, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Asimismo, la medida incluiría a otros familiares del exmandatario, autoridades públicas y empresarios, sumando un total de 42 personas y seis empresas que están bajo investigación por su presunta participación en la red criminal.
La resolución judicial implicaría que las entidades bancarias deben remitir al Eficcop información detallada sobre las cuentas bancarias, cheques, préstamos, hipotecas y operaciones de los investigados. Asimismo, se habría levantado el secreto tributario, permitiendo el acceso a las declaraciones de impuestos de los implicados.
La Fiscalía esperaría que esta información ayude a desentrañar la supuesta red de corrupción y a identificar la procedencia y el destino de los fondos involucrados. De igual forma, las pesquisas también incluirían la revisión de comunicaciones y documentos relacionados con los proyectos de saneamiento investigados.
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Entre los investigados se encuentran Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama; Rudbel y Wesly Oblitas, sobrinos de Lilia Paredes; el empresario Hugo Espino; el ex alcalde de Anguía, José Nenil Medina; y Susy Díaz Huamán, amiga de Yenifer Paredes que trabajó para el Palacio de Gobierno.
Para la esposa de Castillo, la orden judicial para levantar el secreto bancario abarca el período desde el 11 de abril de 2021 hasta la actualidad. En el caso del resto de investigados, el levantamiento va desde el 1 de enero de 2019. Con esta medida, la Fiscalía buscaría obtener información que pueda esclarecer la ruta del dinero y la modalidad utilizada para presuntamente lavar los bienes obtenidos de manera ilícita.
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Lilia Paredes, asilada en México, y su hermana Yenifer Paredes enfrentan acusaciones graves que incluyen la participación en una organización criminal y el lavado de activos. Según la fiscalía, habrían aprovechado su posición y relaciones políticas para influir en la adjudicación de contratos de obras públicas.
El 'Caso Anguía' investiga una presunta red criminal en Chota, Cajamarca, implicada en actos de corrupción en obras de saneamiento. Según la fiscalía, la red operaba a través de contratos de consultoría y procesos de adjudicación irregulares.
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Hugo Espino, empresario vinculado al caso, confesó haber realizado un depósito de 90,000 soles en relación con estos proyectos. La Fiscalía sostendría que los investigados aprovecharon su influencia política tras la campaña del expresidente para financiar proyectos locales bajo la directiva del Ministerio de Vivienda. Geiner Alvarado, exministro de dicha cartera, también es parte de la investigación.