Congreso rechaza comunicado de la Fiscalía por temor a protestas en su contra al finalizar la legislatura
La nueva ley contra el crimen organizado establecería nuevos requisitos en los allanamientos.
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Tras el comunicado emitido por la Junta de Fiscales Supremos y las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales del país del Ministerio Público, a raíz de las iniciativas impulsadas por un cierto grupo de legisladores, este jueves 13 de junio, la representación nacional utilizó sus redes sociales para responder a la Fiscalía por la posición mostrada ante los proyectos aprobados en primera votación.
En relación a ese tema, es importante destacar que el Poder Legislativo emitió un comunicado oficial para expresar su rechazo a la postura adoptada por el Ministerio Público, la cual fue difundida el martes 11 de junio. Asimismo, se evidenció cierta inquietud por parte del Congreso tras la convocatoria realizada a la ciudadanía para manifestarse en oposición a las propuestas impulsadas por algunos legisladores.
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"Existen los mecanismos constitucionales para impugnar las leyes, por lo que rechazamos que se pretenda incitar a la población a actuar contra el orden democrático", se lee en el pronunciamiento del Congreso publicado en su redes sociales.
Congreso exhortó a la Fiscalía a no realizar politización respecto a su pronunciamiento. Foto: Congreso.
Exigen al Ministerio Público a luchar contra el crimen organizado pese a modificaciones
En otro punto del comunicado, el Congreso exige al Ministerio Público implementar acciones que permitan reducir los índices de inseguridad ciudadana, ya que a diario se presentan diferentes casos de dicha problemática. Además, se insta a combatir el crimen organizado, a pesar de que hace unos días se aprobó en primera votación la modificación de la norma que combate el crimen organizado.
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El 30 de mayo pasado, se aprobó con 52 votos a favor, 13 en contra y 32 abstenciones la iniciativa promovida por el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva y hermano del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, Waldemar Cerrón. El dictamen propone que las organizaciones criminales deben ser sancionadas con penas privativas de libertad mayores a seis años. Asimismo, permite al fiscal asignado a determinadas investigaciones solicitar al Poder Judicial el bloqueo e inmovilización de cuentas, excepto los ingresos vinculados a la subsistencia del investigado, como pensiones por jubilación e ingresos laborales acreditados.
Durante el debate, los legisladores Ruth Luque y Héctor Valer se mostraron en contra de la iniciativa y aseguraron que las modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado perjudicarían las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público y podrían beneficiar a las bandas criminales asociadas a la tala ilegal y trata de personas.
En esa línea, el documento de la nueva ley contra el crimen organizado señala que durante el allanamiento a los investigados se procederá solo si existen los suficientes elementos, motivos razonables y pruebas. Además, se debe contar con la presencia del abogado del acusado. En caso de que "el interesado" no cuente con una defensa legal acreditada por las autoridades, se le asignará uno de oficio previa coordinación con el Colegio de Abogados de la ciudad respectiva.
"El registro se realizará con la presencia del interesado y su abogado. Si el interesado no cuenta con abogado, se le proporcionará uno de oficio o se coordinará con el Colegio de Abogados local. Excepcionalmente, la diligencia podrá hacerse en presencia de un familiar mayor de edad o, en su defecto, de dos vecinos del hogar como testigos", se lee en el documento.
Fiscales rechazan modificaciones del Congreso
En un comunicado conjunto de los fiscales, el Ministerio Público rechazó las últimas reformas que el Congreso planea aprobar que modifican el sistema de justicia.
Entre las propuestas observadas están la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura que generaría la eliminación de la Junta Nacional de Justicia, que es el organismo encargado de nombrar a jueces y fiscales.
En el comunicado, exhortan al Ejecutivo a cumplir su función y revisar los proyectos que sean promulgados.
Las reformas del Congreso atentan contra la Constitución, según pronunciamiento de fiscales.
