Ley sobre participación política regresa a comisión
Conflicto. Hubo fuertes altercados por el nuevo texto sustitutorio que retira delitos de corrupción, colusión, peculado, homicidio para postular a cargos de elección popular. “Quieren limpiar a sus candidatos”, le enrostraron al fujimorismo.
La propuesta legislativa de reforma constitucional que limita el derecho a la participación política de personas sancionadas por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín, hasta por diez años, fue devuelta a la Comisión de Constitución para un mejor estudio.
Esto se debió a que en el texto sustitutorio que presentó la presidenta de dicha Comisión, Martha Moyano, no se incluía otros delitos como corrupción de funcionarios, violación de derechos humanos, violencia sexual, organización criminal, secuestro, lavado de activos y otros, que reclamaron los congresistas.
“No se puede votar una ley que exonere a delincuentes”, dijo Susel Paredes. Mientras que Elías Varas sostuvo que la propuesta legislativa era para “limpiar la cancha” y eliminar a posible rivales en el futuro, por lo que planteó una cuestión previa a fin de que retorne a comisión para un mejor estudio desde el punto técnico-legal.
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La votación de la cuestión previa no se pudo hacer debido al griterío entre congresistas, hecho que solo pudo controlarse cuando el presidente de la mesa en ese momento, Waldemar Cerrón, convocó a junta de portavoces. Al reiniciarse la sesión, la cuestión previa no fue aprobada.
Luego siguió el debate en el que se hicieron fuertes críticas.
Sigrid Bazán sostuvo que el proyecto de reforma constitucional era un retroceso respecto al artículo vigente.
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“Señala terrorismo, tráfico de drogas y rebelión, no entiendo, si ya lo tenemos en la Constitución”, objetó tras indicar que así se estaba dando camino libre a proxenetas, secuestradores y también a Alberto Fujimori o Vladimir Cerrón.
Mientras que Ruth Luque dijo que ya los artículos 34A y 39A establecen que personas con sentencia en primera instancia por delito doloso no pueden participar. “Este texto sustitutorio no exhibe idoneidad. Está para favorecer a ciertos delincuentes”, acotó.
Margot Palacios también consideró el proyecto como direccionado y selectivo.
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“Han hecho un tamizaje de quienes tienen estos delitos y los han retirado. Están allanando el paso para que sean elegidos por voto popular, no son demócratas, está defendiendo derechos de violadores y corruptos. Quieren limpiar a sus candidatos”, afirmó.
En tanto, Wilson Soto mencionó que era uno de los autores del proyecto que planteó modificar el artículo 34A y otros para garantizar la idoneidad en la función pública, pero que el texto sustitutorio lo ha desnaturalizado. De ahí que anunció su voto en contra.
Alex Flores estimó inconstitucional la propuesta y dijo que se encontraban frente a una ley con nombre propio.
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Y Carlos Anderson dijo que como autor del primer proyecto de este tipo en el año 2022, su objetivo era buscar la idoneidad en razón al riesgo que existía en ese momento de que la presidencia de la república quede en manos de personas cuestionadas.
“El cambio de la norma está dirigido a proteger a sus líderes para seguir degradando a la presidencia”, precisó.
Ante los cuestionamientos, Martha Moyano aceptó hacer un cambio al texto sustitutorio en lo referido a la sentencia en primera instancia. Aun así, se votó a favor de que el texto sustitutorio regrese a Comisión.
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El dictamen aprobado en la Comisión de Constitución
En el dictamen de la Comisión de Constitución aprobado el 17 de febrero de 2023 estaban prohibidos de participar los sentenciados por los delitos de terrorismo, tráfico de drogas, violación, corrupción de funcionarios, peculado, homicidio, trata de personas, secuestro, traición a la patria y los que atenten contra el Estado y el orden constitucional.
Sin embargo, en el texto sustitutorio presentado ayer 13 de junio de 2024 por el grupo de trabajo que dirige la congresista fujimorista Martha Moyano se retiraron varios de los delitos antes mencionados y la prohibición solo queda para las personas que fueron sentenciadas por terrorismo, tráfico de drogas, sedición, rebelión y motín.