Marianella Ledesma, expresidenta del TC: "La población civil tiene derecho de insurgencia"

La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, instó a la población a que ejerza su derecho a la protesta, como parte de una insurgencia, en rechazo al intento del Congreso de controlar el sistema judicial y electoral.

"La población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional (Art. 46 de la Constitución). Nadie debe obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes", publicó a través de X.

Esta semana, desde el Congreso, se están debatiendo una serie de proyectos de ley que tienen como objetivo incrementar su poder como cámara unicameral, a pesar del pronunciamiento tanto nacional como internacional de diversas autoridades que han alertado sobre el golpe dictatorial que intentan dar.

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La Junta Nacional de Justicia es el objetivo principal del Congreso, que a través del proyecto de ley 6816, impulsado por la exfiscal de la Nación Gladys Echaíz, busca su eliminación para ser reemplazada por la Escuela Nacional de la Magistratura.

Este año culmina el periodo de la JNJ, por lo que, a por medio de una Comisión Especial presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se encargaría de la elección de los nuevos magistrados; sin embargo, esta quedaría sin efecto.

Marianella Ledesma: ¿qué dice el artículo 46 de la Constitución?

De acuerdo al artículo 46 de la Constitución, la expresidenta del Tribunal Constitucional señala que nadie le debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes.

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Este apartado de la carta magna también sostiene que la ciudadanía tiene el derecho a la insurgencia, que responde en defensa del orden constitucional. Ante ello, aquellos actos de quienes usurpan funciones públicas serían nulos.

Mirtha Vásquez rechaza que Congreso violente el Estado de derecho

La excongresista Mirtha Vásquez también mostró su rechazo a lo que busca hacer el Congreso; a través de sus redes sociales, Vásquez sostuvo que el Estado de derecho debe primar, por lo que el llamado a la democracia es importante para este tipo de cuestiones.

"El sistema de justicia debe defender los principios constitucionales y el Estado de derecho. Muy importante que la Junta de Fiscales rechace los lesivos proyectos que está aprobando el Congreso y llame a defender la democracia y el Estado de derecho", publicó en redes.

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Human Rights Watch exhorta a la OEA a levantar situación de Perú en Asamblea: Defiendan el Estado de derecho

Human Rights Watch ha instado a los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a manifestar su preocupación respecto al intento de golpe del Congreso peruano, el cual busca eliminar la Junta Nacional de Justicia, entre otros proyectos legislativos. La organización no gubernamental subrayó la importancia de que en la próxima Asamblea General se aborde este desmantelamiento del Estado de derecho.

"Los miembros de la OEA se reunirán del 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay, para celebrar la Asamblea General de la organización. Desde 2001, los miembros de la OEA han acordado una 'obligación de promover y defender' la democracia, incluyendo la separación de poderes, el respeto de los derechos fundamentales y la celebración de elecciones periódicas, libres y justas", publicó.

Este comunicado detalla cómo, durante la primera semana de junio, el Congreso ha intentado quebrantar la autonomía de los poderes del Estado. A comienzos de junio, se avanzó en una reforma constitucional cuyo objetivo es eliminar la Junta Nacional de Justicia, entidad encargada de nombrar y destituir jueces, fiscales y autoridades electorales.

Fiscales rechazan las reformas aprobadas por el Congreso

Mediante un comunicado conjunto, los fiscales se pronunciaron en contra de las últimas reformas que aprobó, en primera votación, el Congreso de la República.

Los proyectos que son cuestionados porque atentan contra la independencia y autonomía del Ministerio Público, son el que disuelve la Junta Nacional de Justicia y crea en su lugar la Escuela Nacional de la Magistratura. Respecto a este proyecto los fiscales alertan que sería un retroceso debido a la intromisión política en la designación de magistrados.

Otro proyecto cuestionado es el que impulsó la bancada de Perú Libre que modifica el Código Penal y dificulta que se investigue a organizaciones criminales.