La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió ampliar cinco de los quince días el plazo solicitado por el Estado peruano para informar sobre la ley que limita la aplicación del delito de lesa humanidad recién a partir del 2002 aprobada por el Congreso, con lo que numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, quedarían impunes.
El último sábado 8 de junio el tribunal supranacional solicitó a Perú que informe sobre este tema en el marco de un pedido de medidas cautelares presentado por familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, fijando como fecha límite el 12 de junio, en vista de que se preveía que la norma se apruebe en segunda votación esta semana.
Un día antes, los agentes del Estado peruano instaron a la Corte IDH a otorgarles quince días más, bajo el argumento de que deben recabar la data requerida para ejercer su derecho de defensa y presentar observaciones a las medidas que pretenden suspender de forma provisional el trámite que se lleva a cabo en el Parlamento. Esto, conscientes de que la legislatura culmina este sábado 15 de junio.
El abogado David Velazco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), que representa a familiares de los asesinados por el destacamento militar Colina en Barrios Altos en noviembre 1991, advierte que el pedido de Estado para no responder esta semana, se debe a que espera que los hechos ya estén consumados.
"Ha sido una solicitud de mala fe porque el Estado sabe que el viernes podría ser la segunda votación y no quería contestar antes de que esto ocurra", señaló.