El Poder Judicial ha rechazado la solicitud de tutela de derechos presentada por la fiscal suspendida Patricia Benavides el pasado 6 de febrero, en relación a la investigación en su contra por presuntos delitos de organización criminal y otros contra el Estado peruano. Como resultado, se le ordena entregar su teléfono móvil al Ministerio Público.
"Declarar infundada la solicitud de tutela de derechos presentada el 06 de febrero de 2024, por la defensa de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, interpuesta en la investigación que se le sigue por el presunto delito de Organización Criminal y otros, en agravio del Estado (Código de Digitalización N.° 0000013242-2024-EXP-JS-PE)", dictaminó.
El Ministerio Público, a inicios de año, como parte de las investigaciones que iniciaron contra Benavides, le solicitó a través de un documento la entrega voluntaria de sus equipos celulares; no obstante, se negó indicando que lo haría hasta que las autoridades le aclaren que era la que buscaban exactamente. En aquel entonces, la fiscal suprema Delia Espinoza le dio como plazo de entrega entre los días 25 y 26 de enero.
Ahora, tras este dictamen del Poder Judicial, la fiscal suspendida deberá entregar a como de lugar sus dispositivos a fin de continuar con las investigaciones en torno a una presunta organización criminal que había estado operando dentro del Ministerio Público.
De acuerdo al documento judicial, los argumentos, que los abogados de Patricia Benavides expuso ante la solicitud de tutela de derechos, eran que la Fiscalía carecía de precisión para la entrega de su teléfono móvil. Es por eso que para evitar que se siga violando su derecho a la intimidad, al debido proceso y a su derecho a la defensa fue que hizo caso omiso a la solicitud del Ministerio Público.
"Sostienen que pueden hacer entrega del equipo, siempre y cuando se señale cuáles son los datos precisos que se requieren del teléfono; indica que la fiscalía señaló que requiere el teléfono para que se incaute y luego vía autorización judicial se pueda revelar el secreto de las comunicaciones; su patrocinada está dispuesta a entregar el teléfono y que se extraiga lo pertinente respecto a esta investigación, pero no hechos que son de índole personal", expuso la defensa de Benavides.
De acuerdo con lo manifestado por un testigo protegido, a mediados del año 2023, Francisco Morales Saravia, quien preside el Tribunal Constitucional, habría intervenido en favor de la fiscal suspendida Patricia Benavides. La intervención tenía como propósito evitar que Benavides enfrentara sanciones por parte de la Junta Nacional de Justicia. Esta situación se habría dado tras la decisión de Benavides de excluir a la fiscal suprema Bersabeth Revilla del caso que investigaba a su hermana Enma Benavides.
"... todo eso era dirigido por Patricia Benavides, quien había enviado al fiscal Marco Huamán Muñoz a reunirse con el presidente del TC, Francisco Morales Saravia, en la sede del TC, que está ubicada en el Cercado de Lima, para pedirle que la apoyen declarando fundada la demanda competencial y en esa reunión el presidente del TC le dijo a Marco Huamán que tenían que presentar la demanda competencial antes del 20 de agosto del 2023 porque él se iba a ausentar por varios días y quería dejar admitida la demanda; además, se comprometió a ayudar a la fiscal de la Nación y (le dijo) que declararían fundada la demanda competencial", dijo un colaborador eficaz a la Fiscalía.
El 23 de abril, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) llevó a cabo una serie de operativos como parte de las investigaciones en curso contra la fiscal suspendida Patricia Benavides. Durante el operativo, se arrestó a siete individuos y se procedió al allanamiento de 21 propiedades. Según la orden judicial, Benavides habría accedido a recibir un soborno de 1 millón de soles para favorecer a una empresa en un concurso de licitación destinado a la implementación de un Data Center para el Ministerio Público.
Jaime Villanueva, quien está en proceso de convertirse en colaborador eficaz, reveló detalles sobre este supuesto trato corrupto. De acuerdo con su testimonio, Giancarlo Valer se puso en contacto con la entonces fiscal de la Nación para ofrecerle un millón de soles con el objetivo de influir en el resultado de una licitación a favor de una empresa específica.