Advierten que nuevos hallazgos complican situación de Patricia Benavides
Crimen organizado. Abogados Antonio Maldonado, Luis Vargas Valdivia y Carlos Rivera Paz destacan que nuevos hechos difundidos ponen en mayor evidencia la conformación de una presunta organización criminal en el Ministerio Público.
Lo que hasta diciembre del 2023 parecía abarcar solo un intercambio ilícito de favores entre la suspendida fiscal Patricia Benavides con un grupo de congresistas (lo cual ya es grave) ahora se ha extendido a otros hechos de corrupción y sobornos. Esta situación, desde el punto de vista de los exprocuradores Antonio Maldonado y Luis Vargas Valdivia y el abogado Carlos Rivera Paz, confirma que estamos ante la configuración de una presunta organización criminal.
El exprocurador Antonio Maldonado consideró que la información dada a conocer en la resolución judicial que autoriza los allanamientos y detenciones preliminares deja en evidencia que estaríamos ante una estructura bien organizada para la comisión de actos ilícitos.
“La investigación que inició el Ministerio Público contra la fiscal suspendida y su entorno, desde el planteamiento de una posible organización con estructura criminal, ahora claramente se fortalece”, comentó el abogado desde Panamá.
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Según su punto de vista, la Fiscalía ha dado un salto cualitativo y ahora será más difícil desacreditar la investigación, tal como pretendía hacerlo Patricia Benavides, bajo el discurso de una supuesta persecución.
Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), comparte la percepción de que hubo una presunta organización criminal y ahora se muestra más completa en sus actos.
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“Me queda claro que lo que se presenta es un hecho muy complejo; me refiero a un hecho global complejo, no solo a un acontecimiento. Lo conocido llevaría a pensar que se trata de una organización dedicada a cometer hechos abiertamente ilegales”, asevera.
Rivera Paz también habla de una captura que se hizo del Ministerio Público, luego de que Patricia Benavides asumiera el cargo de fiscal de la Nación, en julio del año 2022.
“Lo que se aprecia claramente es la captura de una institución y el haber convertido la acción penal pública en una mercancía de intercambio, no solo mercantil, sino también de favores políticos a cambio de impunidad”, comenta.
El abogado precisa que por los avances de la investigación vemos que estamos ante “un grupo de personas en el modo de una organización criminal, que no solo habría cometido actos ilícitos sobre el rol político e institucional del Ministerio Público en sus tratos con congresistas, sino también, y esto es la novedad, se habrían comprometido actos de corrupción”.
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El exprocurador Luis Vargas Valdivia, por su parte, recalca que a los presuntos actos de corrupción por el canje de votos en el Congreso ahora se suman otros hechos que además refuerzan la idea de una organización criminal.
“Eso va quedando con más claridad. Para el delito de organización criminal se necesitan más de dos personas que se reúnen para cometer hechos delictivos y exista una estructura organizativa con clara identificación de las actividades de cada uno”, explica.
En relación con los roles, la resolución del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional da cuenta de los canjes de favores con el Congreso, actos de corrupción en contrataciones públicas y también coordinaciones para el manejo de determinados temas en los medios de comunicación.
Esto, desde el punto de vista de Maldonado, ahonda en la distribución de roles que hubo. “Me llamó la atención —agrega Maldonado— que al parecer se trata de una estructura criminal muy bien montada, con funciones definidas; un departamento para hacer lobbies políticos con congresistas, otro departamento para promover la desinformación, al estilo de la escuela de Vladimiro Montesinos o el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels”.
Individualización
El penalista Jorge Zúñiga, quien por ahora ejerce la defensa del investigado Abel Hurtado, uno de los presuntos miembros de la organización de Patricia Benavides, asume también como “muy graves” los hechos revelados esta semana.
Sin embargo, según detalló, ahora queda por determinar la responsabilidad individual de Patricia Benavides, para cuyos efectos el caso debe subir a una fiscalía suprema para el inicio de una investigación directa.
