Política

Valkiria XI: ¿cómo habría operado la presunta red criminal de Patricia Benavides, según Eficcop?

La suspendida fiscal de la Nación, acusada de liderar una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias, está siendo investigada por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que busca restringir su movilidad internacional.

Caso Valkiria XI inició a adoptar la forma de red en eventos múltiples. Foto: composición LR
Caso Valkiria XI inició a adoptar la forma de red en eventos múltiples. Foto: composición LR

Patricia Benavides, la fiscal suspendida de la Nación, está inmersa en una serie de acusaciones que podrían complicar su situación legal en el futuro. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), del Ministerio Público, continúa llevando a cabo investigaciones sobre la presunta organización criminal, ya que cuenta con numerosas pruebas que la implican.

Recepción de dinero para apoyar a investigados

Giancarlo Valera Enciso es un personaje clave en la trama de sobornos que involucra a la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En la reunión que mantuvo con los asesores de la exfiscal, les manifestó que, en los próximos días, la unidad ejecutora N.º 011-Carpeta Fiscal Electrónica del Ministerio Público lanzaría la licitación para adquirir un Data Center por un monto aproximado de 130 millones de soles. Se refería a la Licitación Pública Internacional N.º 006-2023-MP-FN-UE011-BID, que se refiere al Data Center principal y al Data Center de contingencia del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, cuyo valor ascendía a 141 millones de soles.

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Les expresó que, si los ayudaban a ganar la licitación pública, ellos ganarían una buena cantidad de dinero. Dicha propuesta fue aceptada por Miguel Ángel Girao Isidro y Jaime Javier Villanueva Barreto, quienes realizaron las coordinaciones pertinentes. Además, ofrecieron contactos adicionales con amigos empresarios para ayudarles a ganar en próximas licitaciones, a cambio de porcentajes de dinero.

Villanueva se reúne con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y le indica que el Ministerio Público, a través de la Unidad Ejecutora 011 - Carpeta Fiscal Electrónica, había convocado la licitación pública internacional para la adquisición del Data Center principal y del Data Center de contingencia del Ministerio Público, valorizado en 140 millones de soles. En ese momento, le propone que, si hace ganar a su amigo en el proceso de selección, le darían como parte del proceso la suma de 1 millón soles.

La exfiscal Benavides Vargas accede a la negociación. Asimismo, Villanueva le entrega los datos de la empresa. No obstante, la exfiscal se compromete a averiguar los detalles del proceso.

Presunta organización criminal

Se detalla en los actos de investigación y diligencias realizadas, se advierte la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la comisión de diferentes modalidades delictivas referentes a la comisión de diversos delitos relativos contra la Administración pública, teniendo como campo de acción la ciudad de Lima con alcance a nivel nacional. Ello, en consideración a lo previsto en el Art. 2.1 de la Ley Contra el Crimen Organizado; asimismo, en el Art. 317 del Código Penal, incorporado con el Decreto Legislativo 1244-2016, presupuestos que exige la norma para considerar la existencia de una presunta organización criminal.

Sin embargo, se menciona que las personas Patricia Benavides Vargas, Juan Antonio Fernández Jerí, Marco Miguel Ángel Huamán Muñoz, Ricardo Raúl Dulanto Ysla y Abelardo César Caycho Roque son los funcionarios que han tenido participación con personas investigadas por el equipo especial de la PNP en apoyo del Eficcop, a causa de los hechos ilícitos consumados desde la cúpula del poder del Ministerio Público, y se establece una temporalidad en sus actividades delictivas.

Actos investigados

En la documentación presentada por el Ministerio Público, se expone una serie de hechos que han dado lugar al inicio de las respectivas investigaciones. No obstante, se presentan 16 actos de corrupción, los cuales están siendo investigados con cada persona involucrada. Entre ellas se encuentran:

  • Actos ilícitos realizados por Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girao Isidro, junto a la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, para concluir el nombramiento de Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, como fiscal suprema provisional transitoria, y su designación en el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, a fin de favorecer a Enma Benavides Vargas mediante la formulación de un requerimiento de sobreseimiento.
  • Patricia Benavides Vargas, a través de Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girao Isidro, con el congresista José María Balcazar Zelada, para interceder ante la fiscal Carmen Graciela Miranda Vidaurre, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque, a fin de que se logre el sobreseimiento de una investigación seguida contra el congresista José María Balcázar Zelada, a cambio de que este vote en contra de la admisión de la denuncia constitucional.
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