La reciente Operación Valkiria II, que resultó en la detención de siete presuntos miembros de una organización criminal vinculada a Patricia Benavides en el caso La Fiscal y su Cúpula en el Poder, desencadenó que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, ordene la salida de tres fiscales, nombrados presuntamente en virtud de acuerdos entre Benavides y José Luis Castillo Alva.
Estos fiscales, identificados como estratégicos por la investigación del Eficcop, fueron colocados para tener influencia en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, del cual se señala a Castillo Alva como implicado en la resolución del Poder Judicial, según el Ministerio Público.
La solicitud para nombrar a estos fiscales fue tramitada por el abogado Jefferson Moreno en representación de Castillo Alva. Benavides, suspendida como fiscal de la Nación por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), habría accedido a nombrar a tres de los cuatro fiscales solicitados.
Una resolución del Ministerio Público revela que los nombramientos se realizaron de manera gradual para evitar levantar sospechas. Abelardo César Caycho Ramis, Juan Carlos Zúñiga Ríos y Jorge Veiga Reyes ocuparon distintos cargos dentro de la Fiscalía de la Nación hasta el 24 de abril, cuando Villena Campana dispuso su remoción.
Veiga Reyes fue cesado como fiscal superior provisional del distrito fiscal de Lima Noroeste y como fiscal superior coordinador de las fiscalías provinciales corporativas del Distrito Fiscal de Ventanilla. Caycho Ramis fue relevado de su cargo como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Noroeste y designado en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa.
Mientras tanto, Zúñiga Ríos fue cesado como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro y en su apoyo en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
Estos fiscales, señalados como cercanos a Castillo Alva, habrían sido parte de una red de influencia dentro del Ministerio Público. Las acciones del Eficcop, que incluyeron allanamientos y detenciones, fueron cuestionadas por Benavides en un video, en el que denunció una "burda maniobra" y rechazó las acciones contra sus asesores de confianza.
En el marco de la investigación seguida contra Benavides y como parte de la Operación Valkiria XI, 21 inmuebles fueron allanados y 7 personas detenidas, entre ellos el asesor de la suspendida fiscal de la Nación, Miguel Angel Girao Isidro, así como Abel Hurtado Espinoza, José Luis Castillo Alva, Giancarlo Valer Enciso, Jorge Luis Palomino Quesada, Mirtha Cristina Gonzales Yep y Jorge Jonathan Rodríguez Menacho.
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En tanto, los delitos de los que son sindicados los intervenidos están vinculados a organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, entre otros.
Tras la detención preliminar de los siete involucrados en la presunta organización criminal de Patricia Benavides, la suspendida titular del Ministerio Público se pronunció.
"Rechazo la burda maniobra evidentemente concertada de montar un psicosocial con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y opinión pública. Así forzar la injusta destitución como fiscal pese a la inexistencia de pruebas en mi contra e incluso mencionar a mis menores hijos", expresó Benavides Vargas en un video.