PJ ratifica que Delia Espinoza sí puede investigar a congresistas por red de Patricia Benavides

El Poder Judicial —a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema— ratificó que la fiscal suprema Delia Espinoza posee la legitimidad y está facultada para investigar a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como a los congresistas y otros altos funcionarios públicos que se encuentren comprendidos en la indagación preliminar por la presunta red criminal que habría operado desde la cúpula del Ministerio Público.

Este pronunciamiento se da como respuesta a la demanda de tutela de derechos, presentada por la defensa legal del congresista Édgar Tello, del Bloque Magisterial. Argumentan que, por ser parlamentario y gozar del beneficio del antejuicio político, no puede ser investigado por una fiscal delegada, en referencia a Delia Espinoza. Solo puede ser por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, quien actualmente se encuentra en condición de interino en reemplazo de Patricia Benavides; mientras ella sigue suspendida por seis meses.

El objetivo de Édgar Tello es que se anule su inclusión en la investigación seguida contra la presunta red criminal de Patricia Benavides. A él se le imputa ser el autor del delito de cohecho pasivo impropio, por su votación a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. De acuerdo con la tesis de la fiscalía, su voto fue canjeado. En cambio, se le habría favorecido en investigaciones que se seguían en su contra.

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Otro presunto delito que se le atribuye es el de cohecho activo específico por presuntamente coordinar una reunión entre Jaime Villanueva y Germán Tacuri, congresista también del Bloque Magisterial, para que le hagan el mismo ofrecimiento, con el fin de ser favorecido con el archivamiento de sus investigaciones a cambio de su voto.

Incluyen a 14 congresistas en investigación

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos ha incluido como investigados a 14 congresistas, dos exfiscales adjuntos supremos y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la investigación preliminar contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunta organización criminal. Según el Ministerio Público, también se ha sumado a la pesquisa al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, por la presunta comisión de cohecho pasivo específico, en perjuicio del Estado peruano.

Los congresistas y los exfiscales adjuntos supremos serán investigados por una serie de delitos que incluye organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible; todos en perjuicio del Estado. Este desarrollo en la investigación subraya la gravedad de las acusaciones y refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país.

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La inclusión de altos funcionarios y líderes políticos en la pesquisa evidencia la amplitud y la complejidad del caso, que continúa generando repercusiones en el ámbito político y judicial del Perú. La sociedad civil y los organismos de control están atentos al desarrollo de este proceso, que podría tener implicaciones significativas en la esfera política y legal del país.

Fiscales supremos rechazan arremetida contra Delia Espinoza

La Junta de Fiscales Supremos, en un pronunciamiento respaldado por el fiscal general interino Juan Carlos Villena y los fiscales supremos Pablo Sánchez y Delia Espinoza, rechazó la denuncia constitucional presentada por un grupo de congresistas a mediados de marzo. La denuncia se relaciona con la inclusión de los legisladores en una investigación por presuntas negociaciones irregulares con la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En el comunicado, se manifestó que la denuncia carece de sustento jurídico y fáctico, en la que se reafirma la posición de la Junta y del Ministerio Público en su conjunto: “La Junta de Fiscales Supremos y el Ministerio Público en su conjunto expresan su rechazo a la denuncia constitucional presentada por carecer de sustento jurídico y fáctico”.