La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó —este miércoles 24 de mayo— una denuncia constitucional contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), por ser la presunta autora del delito de concusión, en concurso real con el delito de colusión agravada, en perjuicio del Estado, por el caso de recorte de sueldos a trabajadores del Parlamento.
“En cuanto al delito de concusión, lo hechos están referidos a la contratación —como trabajadores de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la Emergencia Sanitaria del Congreso de la República— de Carlos Augusto Marina Puscan y María Greta Deza Batallano; delito imputado en concurso real con el delito de colusión agravada, vinculado a la contratación de Camila Melissa Mantilla Heredia, en el despacho congresal”, se lee el comunicado.
En tanto, el Ministerio Público informó que el último 11 de abril se inició diligencias preliminares contra la parlamentaria Magaly Ruiz, Richard Rojas Gómez y Alex Rojas Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible. A Richard Rojas Gómez también por patrocinio ilegal.
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En febrero de este año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolvió mandar al archivo, con 17 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la denuncia por recorte de sueldo contra la congresista Magaly Ruiz, de la bancada Alianza Para el Progreso (APP).
El informe final de la acusación constitucional, por el sonado caso ‘mochasueldo’, que estuvo a cargo de la legisladora Elizabeth Medina, recomendó enviarlo al archivo porque, según la investigación, “en ninguno (de los casos) se ha acreditado que la congresista denunciada haya inducido u ‘obligado’ al señor Carlos Marina a efectuar una suma de dinero a favor del señor Jhony Romero Nima”.
La denuncia periodística contra Magaly Ruíz se hizo conocida el 5 de marzo de 2023. El profesional Carlos Marina, extrabajador de la Comisión de Infancia que presidía la parlamentaria, denunció a Johnny Romero Nima como el intermediario para cobrar el porcentaje de los sueldos de los trabajadores de la congresista. Asegura que todo fue a parar “a manos de la congresista”. En total, pedía S/1.500 mensuales solicitados por la legisladora.
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Dos días después de la emisión del reportaje, el 7 de marzo de 2023, la integrante de APP pidió a Johnny Romero que la acompañe a ver a un fiscal para que les “dé algún asesoramiento y ayuda para poder salvarse de ese problema”. Específicamente, se refería a Richard Rojas Gómez, conocido por su trabajo junto al fiscal Rafael Vela en la Fiscalía de lavado de activos.
En agosto de 2021, Rojas Gómez encabezó el allanamiento a los locales de Perú libre, en las pesquisas por el caso Los dinámicos del centro, por el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial en la que participaron Pedro Castillo y Dina Boluarte.
En marzo de 2023, le imputó la estructura de organización criminal a la presidenta Dina Boluarte y otros. En ese contexto, Johnny Romero y Magaly Ruíz se presentaron ante el fiscal. A través de un intermediario, llegaron a una casa ubicada en Pueblo Libre. “Estábamos la congresista, el fiscal, su hermano del fiscal y mi persona. Él escucha el caso, promete ayudar en el problema, pero esa ayuda tenía un costo y era que el hermano entre a trabajar al despacho”, menciona Johnny Romero.