Entre cuestionamientos, investigaciones y un bajo respaldo ciudadano, la presidente de la República, Dina Boluarte, llegó a los 497 días de gestión. Este periodo coincide con el tiempo que se mantuvo en el cargo su antecesor —también antiguo socio político— Pedro Castillo Terrones, quien abandonó Palacio de Gobierno el último 7 de diciembre de 2022, tras su fallido golpe de Estado.
Ambos tienen un pasado reciente que los une, ya que juntos participaron en la campaña presidencial de Perú Libre en el 2021. Pedro Castillo como candidato a la presidencia de la República y Dina Boluarte a la vicepresidencia. Esta sociedad política se mantuvo en el Ejecutivo, dado que el jefe de Estado de origen chotano mantuvo en su gabinete a Boluarte Zegarra como ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el 29 de julio de 2021 hasta el 25 de noviembre de 2022.
En 497 días de gestión, ninguno de los dos presidentes fue ajeno a las investigaciones en la Fiscalía de la Nación. Durante el Gobierno de Pedro Castillo se impuso una nueva interpretación del artículo 117 de la Constitución Política del Perú, que establece que ahora sí se puede abrir investigación a un jefe de Estado en funciones. Actualmente, el mismo criterio es aplicado con Dina Boluarte.
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En menos de dos años, Pedro Castillo acumuló ocho investigaciones preliminares en su contra, muchas de ellas relacionadas con casos de corrupción. Algunos de los más relevantes durante su gestión fueron los vinculados al caso Puente Tarata, corrupción en Petroperú, ascensos irregulares en la Fuerzas Armadas, el plagio de su tesis, el caso Anguía, Marka Group, el gabinete en la sombra, entre otros cuestionamientos que surgieron entre 2021-2022.
En cuento a investigaciones preliminares, la presidenta Dina Boluarte no se queda atrás. Inició su gestión con la indagación por el presunto delito de genocidio —tipificado así por la Fiscalía— por las muertes en protestas. También se le abrieron indagaciones por el plagio de su libro sobre derechos humanos, por los aportes a la campaña de Perú Libre y recientemente por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a los Rolex que le fueron prestados por Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.
Antes las sucesivas mociones de vacancia que se presentaron contra Pedro Castillo, este encontró su principal respaldo en los congresistas de Perú Libre, así como en las fuerzas que se crearon tras las renuncias producidas en la organización de Vladimir Cerrón, y en Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Algunas bancadas de centro como Somos Perú y Podemos Perú tampoco apoyaron este tipo de iniciativas, lo que impidió que se alcanzaran los 87 votos necesarios para destituirlo del cargo. Un sector de Acción Popular denominado 'Los niños' también fue clave para la supervivencia de su Gobierno.
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A diferencia de su antecesor, Dina Boluarte ha buscado establecer vínculos con las fuerzas políticas de derecha para asegurar su permanencia en el cargo. Encuentra su principal respaldo en bancadas como Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y algunas fuerzas de centro. Sin embargo, al igual que en el periodo anterior, la fragmentación del Parlamento representa un obstáculo para alcanzar los 87 votos necesarios para destituirla.
Tuvo que pasar más de medio año para que Pedro Castillo se animara a dar una entrevista televisiva o hablara con la prensa en general. Su comunicación se limitaba principalmente a través de los canales oficiales de la Presidencia y en sus discursos en eventos y plazas públicas. Sin embargo, sus primeras entrevistas le generaron problemas, ya que una declaración sobre el mar para Bolivia durante una entrevista en CNN resultó en una denuncia constitucional en su contra.
Dina Boluarte también mantiene una relación complicada con la prensa. El inicio de su gestión con los cuestionamientos por las muertes en protestas marcaron una distancia con los periodistas. Las investigaciones que siguieron no solo afianzaron esa mirada de desconfianza que la mandataria muestra cada vez que debe declarar.
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El 9 de agosto del 2022, Harvey Colchado y personal de la Diviac estuvieron presentes en el allanamiento a Palacio de Gobierno, lo que disgustó al entonces presidente Pedro Castillo. Este le pidió a su abogado Eduardo Pachas que intercediera para que se iniciara un proceso sancionador contra Colchado. Buscaban su pase al retiro, pero solo consiguieron que lo nombren jefe de la Dirección General de Inteligencia (Divbus). La inspectoría de la Policía determinó que la denuncia contra el coronel fuese archivada.
Ya en abril del 2024, Harvey Colchado fue separado de la jefatura de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Uno de los motivos más llamativos para su separación sería la supuesta foto de su torta de cumpleaños, en la que se aprecia a un policía en un allanamiento. Esto fue tomado como una burla a la jefa de Estado.