La Procuraduría General del Estado pidió al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el inicio de diligencias preliminares en contra del congresista Darwin Espinoza por los presuntos delitos de concusión y peculado de uso.
"El pedido se basa en información periodística que indica que trabajadores del despacho del congresista habrían participado en horario laboral en el recojo de firmas para la inscripción del Movimiento Regional Adelante Áncash", se lee en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Procuraduría.
Darwin Espinoza. Foto: Andina
De acuerdo a la información expuesta por el programa periodístico 'Punto final', de Latina Noticias, el parlamentario Espinoza, investigado por el caso Los Niños, utilizó los recursos del Congreso para crear un partido político. El legislador habría obligado a los trabajadores de su despacho parlamentario a recoger firmas para conseguir la inscripción de su organización denominada Movimiento Regional Adelante Áncash, además de haber usado supuestamente la impresora de su oficina para imprimir fichas de afiliación.
Asimismo, según lo revelado por el dominical, el congresista Espinoza solicitó 10.000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Poder Legislativo para realizar dicha impresión.
Un extrabajador del legislador informó que el parlamentario los obligaba a viajar para buscar firmas y que ellos gastaban su propio dinero. "El congresista nos reunió y dijo que teníamos que apoyar en este proyecto político, porque al final también seremos beneficiados nosotros", indicó a 'Punto final'.
Otra persona también expuso el proceso de recolección de firmas: “Primero se recolecta las firmas y luego iba a pasar por un filtro para asegurar que la persona que firmó no esté afiliada a ningún partido político, de lo contrario, la ficha se considera inválida. Todo este proceso lo vienen haciendo en el mismo despacho del congresista”.
El abogado Benji Espinoza se pronunció acerca de las acciones que habría realizado el parlamentario para beneficiarse y señaló que el legislador habría cometido los delitos de peculado de uso y coacción. En esa línea, indicó que el parlamentario podría afrontar hasta 6 años de cárcel si se demuestra que incurrió en los delitos mencionados.
"La conducta de Darwin Espinoza nos remonta al artículo 388 Código Penal, que regula el peculado de uso, es aquel que se configura cuando el funcionario o servidor público, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda. Por esto, podría recibir de 2 a 4 años de prisión efectiva", declaró el abogado a este diario.
Asimismo, señaló que el Ministerio Público debería iniciar una investigación preliminar en su contra en el marco de las indagaciones que realiza el Parlamento. "Son procedimientos porque en el Congreso lo verá la Comisión de Ética por una supuesta infracción al Código de Ética que tiene en el Legislativo, mientras que la Fiscalía verá el ámbito penal", dijo.