El último 3 de abril, el gabinete liderado por Gustavo Adrianzén recibió el voto de investidura por parte de algunas bancadas constituidas en el presente Congreso, en medio de una crisis política donde la presidenta Dina Boluarte no ha logrado esclarecer a profundidad el origen de sus relojes marca Rolex.
Desde tempranas horas, el primer ministro, acompañado de su gabinete ministerial, acudió a la sede del Legislativo para anunciar su plan de gobierno para los próximos meses. Entre los principales puntos que abordó, fue la lucha contra el crimen organizado, reactivación económica y el impulso de las inversiones.
Fueron 14 de las 34 páginas de su discurso dedicadas a la seguridad ciudadana y a la economía. Sin embargo, había un tema que el titular de la PCM quería pasar desapercibido, precisamente, el que llama la atención de todos los peruanos: los Rolex de Boluarte Zegarra.
Tras culminar su discurso, el presidente del Consejo de Ministros fue cuestionado por distintos congresistas, quienes esperaban mayores explicaciones por parte del integrante del Poder Ejecutivo sobre la situación penal por la que atraviesa la mandataria Dina Boluarte luego de que se conociera que, al menos, utilizó tres relojes marca Rolex.
La congresista de la bancada de Fuerza Popular, Martha Moyano, criticó el discurso del primer ministro ante la representación nacional debido a que manifestó la falta de transparencia del Gobierno en no querer brindar mayores detalles sobre cómo se adquirieron los Rolex que usó la mandataria.
“Pensé que usted (Gustavo Adrianzén) venía y hoy, a esta hora, nos iba a dar una explicación sobre lo que pasaba con los Rolex de la señora Boluarte. Ninguno es nuevo, ni siquiera los que han asumido (ministerios) en representación de otras bancadas. Este es un espacio político, nos debió informar, no nos ha dicho nada”, enfatizó en su intervención en el hemiciclo principal del Congreso.
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La misma postura la compartió el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien cuestionó la actitud del Ejecutivo en no mostrar mayor disposición de la presidenta Dina Boluarte en otorgar detalles sobre la adquisición de joyas de alto valor. Adelantó que el titular de la PCM tendrá el voto de confianza, pero no por meritocracia, sino porque su grupo parlamentario desea anteponer la estabilidad del país.
A su turno, el legislador de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, criticó a la jefa de Estado por haber pretendido utilizar a las fuerzas armadas el último domingo 31 de marzo, en el cambio de guardia que se realizó en el patio de honor en Palacio de Gobierno. Aseguró que la lealtad de las FF. AA. hacia el presidente de turno son por motivos de defensa nacional y no para motivos personales.
“La lealtad de las FF. AA. al presidente es por asuntos de defensa nacional, no para la defensa de sus temas personales”, sostuvo en su participación de la sesión del pleno del último miércoles, 3 de abril.
Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, calificó de “mediocre” al Gobierno de Dina Boluarte y adelantó que su voto será en abstención, puesto que su agrupación parlamentaria apuesta por las instituciones. No obstante, eso no significaría que le entreguen “un cheque en blanco al Ejecutivo”.
La congresista Margot Palacios aprovechó su intervención en el pleno de la representación nacional, para calificar de “Rolex” al gabinete ministerial que es liderado por Gustavo Adrianzén. Sostuvo que se pasó de un equipo ministerial “de la muerte”, con referencia a los muertos registrados durante las protestas sociales a inicio del Gobierno de Dina Boluarte, a uno de los “Rolex”.
Cuestionó que, en el discurso de Adrianzén, no se haya dedicado una sola línea a las víctimas de las movilizaciones sociales registradas en el país. Además, emitió un video donde el también exrepresentante de la OEA tuvo duros calificativos contra los muertos en las protestas sociales, a quienes llamó “violentos”.
Enfatizó que no es posible dejar la titularidad de la PCM en manos de una persona que no puede controlar sus emociones e instó a los legisladores de derecha a pensar sus votaciones ante la solicitud de Gustavo Adrianzén.
“¿Vamos a dejar en manos de este primer ministro (Gustavo Adrianzén), que no sabe controlar su carácter, los destinos del país? Señores de la derecha, hay que tener cuidado a quien le estamos dando las riendas del Perú”, apuntó.
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Ruth Luqe, legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, manifestó que la gestión de Dina Boluarte no tiene legitimidad, a raíz de los cuestionamientos que han surgido en su contra desde el inicio de su Gobierno.
Remarcó que los integrantes del gabinete ministerial no merecen recibir el voto de investidura dado que utilizaron sus ministerios para defender a Boluarte Zegarra por el caso Rolex. Asimismo, acotó que la presidenta tendría un presunto desbalance patrimonial, con base en las investigaciones periodísticas.
Para la politóloga Katherine Zegarra, no hubo mayores sorpresas en cuanto a la votación en el voto de investidura, ya que, para su apreciación, existió un pacto entre el Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, y diversas bancadas, puesto que los grupos parlamentarios que fueron oposición con la gestión de Pedro Castillo, con el actual gobierno, se muestran como el nuevo oficialismo.
“No ha habido una sorpresa en el hecho que el gabinete Adrianzén haya obtenido el voto de confianza. Si bien la presidenta no tiene una bancada en el Congreso, está claro que ha habido pactos con diversas bancadas, que en el Gobierno anterior han sido oposición y que ahora cumplen un rol de oficialismo”, sostuvo en conversación con La República.
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Remarcó que parte de esos acuerdos se evidencian en los cambios de ministros antes del pedido del voto de confianza, como sucedió este ultimo lunes, 1 de abril, lo cual consideró que es una situación atípica y que “existe una repartija de poder”.
“Parte de esos acuerdos se evidencia en el hecho de que ha habido cambios de ministros de manera recientes, lo cual es atípico. En este caso, se han producido cambios antes del pedido del voto de confianza. Entonces, está claro que ha habido esta repartija de poder entre el Ejecutivo y bancadas del Congreso”, sostuvo.
Respecto a la inseguridad ciudadana que miles de peruanos padecen, Zegarra señaló que el Ejecutivo no ha dimensionado la complejidad de este tema, puesto que consideró que las declaratorias de emergencia que se han dispuesto en distintas partes del país no solucionarán los problemas de fondo.
Agregó que no solo se trata de la delincuencia común, sino que hay otros temas, como la trata de personas o el crimen organizado. Remarcó que estas problemáticas no se solucionan al llamar a un ministro al pleno del Legislativo para que responda sobre las acciones que ha venido ejecutando durante su gestión.
“No dimensionan la complejidad de la inseguridad en el Perú, ni siquiera por parte del Congreso, que a veces algunos congresistas llaman a los ministros y solicitan que los militares salgan a las calles, incluso cuando se disponen los estados de emergencia. Está claro que hay un desconocimiento técnico sobre la complejidad de la delincuencia y tampoco hay voluntad política por parte de nuestros representantes”, expresó.
Ante el anuncio del primer ministro en solicitar facultades legislativas, la politóloga manifestó que, probablemente, ciertos congresistas accedan a esa petición, pero con condicionamientos que sean de intereses personales. No obstante, acotó que los congresistas del presente Parlamento son difíciles de prever.
“Probablemente el Congreso les vaya a otorgar el voto de confianza, pero negociando algunos intereses que tienen los parlamentarios de manera personal en búsqueda de una posible reelección o para satisfacer cierto apoyo de los ciudadanos de sus respectivas regiones. Sin embargo, los congresistas son difíciles de prever”, indicó.
Para Zegarra, el Poder Ejecutivo tendría que mostrar mejoras en las problemáticas de la ciudadanía, tales como la falta de empleo, que los precios de la canasta básica bajen y que la economía se encuentre estable. Asimismo, que el Congreso y el Gobierno de Boluarte muestren legitimidad, pero, en estos momentos, lastimosamente, se evidencia lo contrario.
“Tiene que haber acciones palpables de mejoramiento con la economía, que se muestre una mejora, que bajen los precios de los bienes, mayor demanda de empleo, los índices de seguridad bajen. Cambios materiales e inmateriales, pero que puedan ser percibidos por los ciudadanos para que puedan aumentar la confianza. Eso es complicado porque las políticas públicas llevan tiempo, presupuestos y de burocracia preparada, además de legitimidad. Y, en este caso, ni el Ejecutivo ni Legislativo lo tienen”, señaló.
Zegarra indicó que la inseguridad ciudadana es un tema complejo de abordar y cuestionó que el titular de la PCM haya manifestado que el Gobierno implementará “mano dura” contra esta problemática.
“Si pensamos de manera simplista: si se mete a la cárcel a todo el mundo que se parece a un delincuente, ¿acabamos con la delincuencia? Creo que es una visión bastante pobre de la complejidad que tiene la delincuencia. No solo es el robo en las calles, sino también el narcotráfico, la trata de personas y se necesita a una Policía preparada. Así como integrantes de esta institución que se encuentren limpios, porque hay casos de policías que tienen contacto con los delincuentes”, enfatizó.
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Para el exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, lo anunciando por Gustavo Adrianzén es "más de lo mismo". Enfatizó que el Congreso, en su momento, brindó facultades legislativas al Gobierno cuando Alberto Otárola se encontraba a cargo de la PCM, pero que estas medidas no se han reglamentado. Por consiguiente, el discurso del Ejecutivo en el Legislativo son "ofrecimientos que no se cumplen".
Criticó que únicamente se mejoren 36 comisarías de 1.485 establecimientos policiales en todo el país. Por esa razón, sería insuficiente para los policías tener mejores infraestructuras para combatir la inseguridad ciudadana. No obstante, señaló que el 60% de estos centros se encuentran inhabitables.
“El dato exacto lo tiene el Instituto Nacional de Estadística. Hay un sexto censo de situación de las comisarías a nivel nacional y ahí es escandaloso, cuando el Instituto Nacional de Estadística nos indica que el 60% de todas las comisarías a nivel nacional —o sea, de las 1.485— se encuentran en condiciones inhabitables. Comisarías que no tienen agua, no tienen desagüe, carecen de internet, un acondicionamiento de 36 comisarías no es nada”, indicó para La República.
Pérez Rocha manifestó que el Ejecutivo estaría cometiendo una equivocación al tratar de alquilar vehículos comerciales que acompañen a los efectivos policiales en los patrullajes, en las distintas zonas del país. Indicó que, el año pasado, la gestión de Boluarte Zegarra entregó 500 camionetas, pero bajo la modalidad de 'rating'.
“La presidenta Diana Boluarte, hasta diciembre de este año (2023), ha hecho entrega de 500 camionetas, pero esas 500 camionetas, por si acaso, también es de rating y no se conoce a qué empresa ha obtenido esta renta de estas camionetas y, lo peor de todo, son también camionetas comerciales. Entonces, esto no tiene lunas antibalas, puertas antibalas y con los vehículos de alta gama", sentenció.
Esta modalidad ha sido copiada, según el exdirector de la Policía Nacional, a lo largo de estos últimos 10 años, aproximadamente. Agregó que el Gobierno de Ollanta Humala fue la última gestión en adquirir vehículos propios para la PNP y que, en la actualidad, el 80% de las camionetas se encuentran en situación "irrecuperable".
Asimismo, acotó que el Perú es el único país en alquilar vehículos comerciales para su Policía y que se trata de mentir a la ciudadanía sobre que estos son adquiridos.