Inés Tello: “Pedía justicia, que los jueces apliquen la ley, y así ha sucedido”

En esta entrevista, Inés Tello explica que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe acatar la decisión judicial de suspender su inhabilitación como funcionario público, así como la de Aldo Vásquez, y que motivó su vacancia. Dijo que al Congreso solo le queda apelar. Así funciona la separación de poderes.

-¿Cómo recibió la noticia de la suspensión de su inhabilitación?

-Con gran satisfacción, porque es lo que yo reclamaba. Pedía justicia, que los jueces apliquen la ley y el derecho, y así ha sucedido. La resolución —a partir de la lectura un poco rápida que he hecho— tiene dos puntos fundamentales. En primer lugar está lo de la supuesta infracción constitucional. La sala se pregunta: ¿Cuál es esa infracción? Y segundo, está ese tema —ya hasta cierto punto grosero, visible y exagerado— de la votación...

-... de los congresistas Jerí y Luna.

-Dice la sala: ¿Cómo pueden votar (si son miembros de la Comisión Permanente)? Fundamentalmente, los jueces han entrado en ese análisis, no han entrado en otros temas, y lo entiendo. Porque como medida cautelar es un prejuzgamiento,  un primer análisis de los temas que se proponen como violatorios de nuestros derechos.

-¿Cuál es la consecuencia inmediata de esta suspensión?

-Que se nos repone en nuestras posiciones mientras continúa el proceso principal que, por razones de carga procesal, tiene audiencia para junio. Vamos a seguir en el ejercicio del cargo en espera de esa audiencia y de una resolución final.

-¿Podrían reincoporarse a la JNJ a partir del lunes?

-Es posible, pero hay un tema. La Junta nos vacó y tiene que solucionarlo, pero eso ya está de antemano destinado al éxito porque la sala ha dicho que la resolución que sirvió de sustento está suspendida.

-Conocida la resolución, el Congreso sacó un comunicado dando a entender que no iba a acatar. Entiendo que la que debe acatar es la JNJ, ¿cierto?

-Mire, lo que venimos reclamando —y que incluso en la sentencia se aborda— es la separación de poderes. Al Congreso no le corresponde administrar justicia, y la Junta, como órgano constitucional, tiene que cumplir la sentencia. Al Poder Legislativo solamente le queda apelar la sentencia, es lo que corresponde. Esa es la urgencia de que todos nos sometamos al debido proceso.

-Para que quede claro, la que tiene que acatar es la JNJ.

-Así es. El Congreso no tiene intervención alguna, salvo que su procurador apele. Es lo legal.

-Ha vivido momentos complicados en este último año. ¿Es un alivio esta sentencia?

-Es un alivio, pero el camino no ha terminado porque hay una sentencia por dictarse. En todas las constituciones y textos modernos, lo que se ha desarrollado es lo que se llama en Europa el derecho antidiscriminatorio, que analiza dos premisas constitucionales: todos somos iguales ante la ley y nadie puede ser discriminado por razón alguna. Así que mi lucha continúa. Empezó mal, han vuelto las cosas al estado que corresponde, pero el problema sigue. Hay un sector del Congreso que ha tenido una actitud, durante un año, de que nos tenemos que ir aunque no había razón. Y como dice la sala, no había motivación. Y mire que el caso del doctor -Vásquez ya linda con la arbitrariedad y el abuso extremo: él firmó la resolución igual que los otros señores que se quedaron...

-Y solo lo sacaron a él.

-Yo espero que reflexionen, aunque he escuchado ya una actitud de incomodidad. Yo le pediría a ese sector del Congreso que discutamos como gente civilizada, que reflexione un poco sobre lo que le deja al país, que les dé ejemplo a los ciudadanos de que los fallos judiciales se cumplen.

-¿Retomará usted las investigaciones del caso de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides?

-Bueno, yo tengo a mi cargo algunos casos y continuaré trabajando en ellos, porque eso es lo que me corresponde, porque para eso es que yo fui nombrada. Y quiero aclarar algo: aquí nade pide expedientes. Eso es aleatorio. De manera aleatoria, te tocan los casos. Y hay que asumirlos; para eso, una postuló.

-¿Le preocupa el estado de la democracia en el Perú, por lo que pasó con la JNJ y otros casos en paralelo?

-Se vienen dando situaciones, una tras otra, que lo único que hacen es deslegitimar esta democracia. La gente ya no cree en este sistema y vemos lo que siempre hemos escuchado, el autoritarismo: que necesitamos un hombre fuerte, alguien que ponga orden. Y llega un momento en que las personas olvidan que tienen derechos, olvidan que tienen condición de ciudadanos. Eso viene por la indiferencia, y la indiferencia es por la prepotencia con la que se actúa, por el desconocimiento de las normas esenciales de convivencia y respeto. Siempre he pensado que las instituciones son puntos de referencia. Si yo, ciudadana, miro a un Congreso que respeta la Constitución y la ley, me voy a sentir identificada y me sentiré obligada...

-A respetarlo.

-Exacto. Pero si veo que un sector avasalla todo el ordenamiento en función de intereses de grupo, el ciudadano va a perder la confianza, ya no va a creer. Y el país lo que necesita es gente comprometida. Cuando buscábamos (en la JNJ) candidatos para las autoridades nacionales de control (del Ministerio Público y el Poder Judicial), mucha gente se inscribía y luego se retiraba. Es difícil vivir lo que yo estoy viviendo, me denigran como persona, mi dignidad de persona no vale. Muchos dicen: ¿Para qué me voy a exponer y terminar con un juicio? Entonces, dejan que los demás sigan, que hagan lo que quieran. Ese cansancio en los justos es peligrosísimo.

-¿Estamos viviendo en un autoritarismo?

-Yo sí lo creo. Acá no hay razones, acá hoy votos. Y son votos no razonados, no pensados.

-¿Estaba en la mira de los sectores políticos vinculados con personas que investigó? Por ejemplo, usted fue una de las responsables de la sentencia condenatoria al grupo Colina, que operó con el fujimorismo. En realidad, su historial de sentencias históricas es amplio. ¿Fue una venganza?

-Ese sería, en todo caso, el precio de ser una jueza que actuó con independencia. Yo hice lo que debía y si alguien actúa en represalia, qué pena. Al juez se le respeta. En algún momento quisieron sancionarnos a los de la sala por la sentencia al grupo Colina y nos mantuvimos firmes. Para eso me eligieron.

-Supongo que hubiese esperado una posición de parte del Ejecutivo contra lo que estaba haciendo el Congreso. ¿O estoy equivocado?

-No, no. Nosotros esperábamos no solo una posición del Ejecutivo. Yo esperaba una posición de los gremios empresariales, por ejemplo. Reconozco que hay mucha sociedad civil que me ha brindado su apoyo y eso me da fuerzas para seguir...

-Pero hubo silencios que suenan.

-¿Y las élites empresariales? No es con ellos. No se dan cuenta del riesgo que significa que se avasalle a las instituciones. Todos debemos unirnos. No hablo solo de mi caso. Miremos lo de la fiscal Delia Espinoza, o lo de la ley de colaboración eficaz. Es terrible. Esa ley empieza con los casos de terrorismo. Pero toma mayor auge cuando nosotros juzgamos al gobierno de Fujimori-Montesinos. Tuve al inicio ciertos reparos.

-¿Reparos de qué clase?

-Por esto de la delación. ¿Estos señores van a querer delatar a sus excompañeros? Pero cuando se aplicó me sirvió de mucho. El caso Pativilca se conoció por eso. Se sospechaba que había muertos, pero no se conocía cómo había sido el desplazamiento. Gracias a los mismos miembros de Colina, tuvimos un conocimiento más cabal de lo que había pasado en Pativilca. También en el caso de Colina, uno de ellos me ofreció entregarme una caja de documentos y, con eso, pudimos establecer una serie de hechos. Para rastrear el dinero del tráfico de armas a las FARC, ¿cuánto nos demoró? Las naves eran ucranianas, quien las administraba estaba en Bélgica, el dinero para pagar había estado en las Antillas y al final llegó hasta el Medio Oriente, donde ya no nos quisieron dar información. La Unidad de Inteligencia Financiera hizo un trabajo magnífico. Hoy en día, el dinero no está en un solo lugar, no está en un solo país. Se mueve por distintos lugares, por distintas rutas. Con una transferencia, te vas hasta la China. Yo hablo desde mi experiencia, y por eso se lo puedo explicar con casos claros. En el caso del tráfico de armas a las FARC, los tripulantes eran ucranianos y al final no pudimos obtener la extradición. La falta de información dificulta, te demora. Un caso de organización criminal hoy en día no lo manejas en meses o en un año.

“Invoco a los peruanos a que no acepten las injusticias”

-¿Cree que, finalmente, los familiares de las víctimas asesinadas en las protestas contra el Gobierno encuentren la justicia que están buscando de parte de las autoridades? Se lo pregunto a la jueza que ha visto casos importantes sobre violaciones a los derechos humanos.

-Creo que va a demorar, pero la van a encontrar. La tienen que encontrar. Los jueces y fiscales tienen ese compromiso y lo deben honrar. Son peruanos y peruanas que merecen respeto. Sus familias merecen guardar su duelo. Esa fue la base de nuestra lucha cuando tramitamos casos de derechos humanos. Hay una víctima y hay una persona que sufre. No podemos seguir siendo una sociedad de resentidos, que siente que para uno no hay justicia. Porque eso engendra el caldo de cultivo para todos estos grupos violentistas. Hay gente que no cree en nadie ya. Si tu Estado no te da las respuestas, ¿en dónde las vas a encontrar?  Las responsabilidades tienen que asumirse. Quien es responsable en algún momento será declarado como tal. Somos seres humanos, es lo que yo siempre reclamo. Cuando me hacen todos estos atropellos, cuando violentan mis derechos, yo digo: “Soy un ser humano, soy una persona, merezco respeto”. Y tanto los que murieron como sus familiares merecen que sean respetados. Son vidas humanas las que han desaparecido. Después de ver cómo se produjeron los hechos, (veo que) han sido objeto de una matanza.

-La presidenta Dina Boluarte está siendo cuestionada porque no ha podido explicar la procedencia de un reloj de marca Rolex. El problema no es que use un artefacto de lujo, por cierto, sino que hasta ahora no sido capaz de aclarar cómo lo consiguió, su procedencia. ¿Qué mensaje se ofrece a los ciudadanos cuando una alta autoridad se encuentra involucrada en un asunto así?

-Lo que yo puedo decirle sobre este tema es que lo primero que debe cuidar el funcionario es la transparencia. Los peruanos necesitan que sus autoridades sean transparentes para que puedan confiar en ellas.

-¿Qué les diría a los peruanos que se encuentran preocupados por la situación del país?

-Lo que yo invoco a todos los peruanos es a que no acepten las injusticias, que protesten, que reclamen, que no sean indiferentes, que se involucren más. Reitero, he recibido mucho apoyo en redes y de parlamentarios que me defendieron, pero se necesita protestar y alzar la voz por muchas cosas que están ocurriendo con una impunidad absoluta.