Luego de que Edgar Tello se pronunciara mediante sus redes sociales sobre la posibilidad de que allanen los domicilios de los congresistas que presentaron una denuncia constitucional contra Delia Espinoza, el titular del Poder Legislativo, Alejandro Soto, enfatizó que un evento así será calificado como “muy grave”.
Soto Reyes aseguró que no permitirá estos actos en las oficinas de los cinco legisladores, quienes este último viernes presentaron una acusación constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, la cual propone inhabilitarla por 10 años de la función pública por presuntamente haber vulnerado la Constitución Política del Perú
“Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado”, se lee en la cuenta de X del presidente de la Mesa Directiva.
Especialistas en derecho advierten que el parlamentario de Alianza para el Progreso podría cometer el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad establecido en el artículo 368 del Código Penal. Este ilícito podría llevarlo a la cárcel con una pena entre los 3 y 6 años. Esto, si en caso realizaría lo anunciado en sus redes sociales, tras el comunicado del integrante del grupo parlamentario del Bloque Magisterial, Edgar Tello.
Ruby Romero Quispe, directora de defensa profesional del Colegio de Abogados del Cusco, conversó anteriormente con este diario y enfatizó que ningún funcionario del Estado “tiene corona”. Agregó que, los allanamientos pueden realizarse si es que cuentan con autorización judicial. Aseguró que estas acciones se han llevado a cabo contra altos funcionarios, como es el caso de los exfiscales de la Nación, Patricia Benavides y Pedro Chávarry.
En esa línea, el titular de la Mesa Directiva del Congreso no tendría protección de inmunidad parlamentaria puesto que el delito de organización criminal es un ilícito común y no de función. Por consiguiente, podría desencadenar nuevas consecuencias, según el letrado Jorge Zúñiga.
Es preciso señalar que, a Alejandro Soto se le investiga por el delito de organización criminal puesto que fue incluido en las indagaciones respecto al caso de suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides.
Además, Zúñiga Escalante indicó que solo por el hecho de anunciar un impedimento de posibles diligencias del Ministerio Público en el Legislativo, estaría cometiendo obstaculización del trabajo de las autoridades fiscales y puede desencadenarse en una solicitud de prisión preventiva contra Soto Reyes.
El presidente del Congreso viene siendo investigado por la fiscal Delia Espinoza por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico, ya que supuestamente Soto habría aceptado colocar a trámite en el Pleno del Legislativo una moción contra la Junta Nacional de Justicia a cambio de que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, archive una pesquisa en su contra.
A Benavides Vargas también se le investiga por los mismos posibles ilícitos. Además, es acusada de negociación incompatible en calidad de instigadora. Cabe precisar que, según testimonios de Jaime Villanueva, exasesor principal de Benavides y ahora convertido en aspirante a colaborador eficaz, la ex fiscal suprema habría realizado acciones en contra de los integrantes de la JNJ luego de que le abrieran dos indagaciones preliminares en abril de 2023.
Estas fueron por la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien realizaba investigaciones a la jueza Enma Benavides. El argumento de la exfiscal de la Nación fue que la magistrada no reunió las expectativas en el caso y falta de productividad.
Asimismo, la descalificó por haber recibido una condecoración de parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien se encuentra en una investigación preparatoria del Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos.
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A fines de agosto del 2023, Patricia Benavides abrió una indagación preliminar al también congresista de Alianza para el Progreso por la región del Cusco Alejandro Soto Reyes por el presunto delito de concusión a raíz de una denuncia periodística que revelaría un posible recorte de sueldo a sus trabajadores por el caso conocido como Fábrica de Trolls.
Según Jaime Villanueva, el fiscal adjunto Marco Huamán, quien en ese entonces se desempeñaba como titular del área de Denuncias Constitucionales, tenía el contacto de Soto Reyes y luego de dos días se habrían comunicado con el titular del Parlamento. En esa línea, Abel Hurtado, coordinador parlamentario de la Fiscalía, confirmó que personal de su despacho entabló comunicaciones.
Es así que, el 4 de setiembre del 2023, el Consejo Directivo del Congreso de la República acordó agendar la moción contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Villanueva Barreto añadió que al día siguiente Hurtado le mencionó que personal de Alejandro Soto necesitaba reunirse con su persona.
El hecho finalmente se concretó a las 3.57 p. m. La reunión contó con la participación del propio Alejandro Soto, su asesora y los exasesores del Ministerio Público Jaime Villanueva Barreto y Abel Hurtado. Además, esta sesión se habría dado en la oficina del congresista de APP.
El también filósofo contó ante los fiscales que Alejandro Soto le dijo que en su “condición de presidente del Congreso podría garantizar” que la moción contra la JNJ sea puesta a debate en el pleno, pero que a cambio “la fiscal de la Nación lo ayude en archivar la denuncia que tiene” junto con su asesora por el presunto delito de concusión.