Edgar Tello: Poder Judicial mantiene el levantamiento del secreto de sus comunicaciones
La Corte Suprema ratificó el levantamiento de sus comunicaciones en una denuncia por presunto tráfico de influencias. Se trata de un caso que lo involucra en el destrabe de la obra Casa de la Mujer, en San Juan de Lurigancho.
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La Sala Permanente de Apelación de la Corte Suprema rechazó la apelación del congresista del Bloque Magisterial (BM), Edgar Tello, contra el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias.
Se trata de una indagación que pesa contra el parlamentario del Bloque Magisterial por presuntamente haber usado su cargo para favorecer a una empresa en una millonaria obra en San Juan de Lurigancho, en Lima.
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En 2022 Punto Final reveló que la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra Edgar Tello. La indagación surge debido a que la Fiscalía Anticorrupción le seguía los pasos al empresario Miguel Ángel Salinas, sindicado de pertenecer a la organización criminal "Los incorregibles".
Dos meses antes, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, cuando el alcalde era Álex Gonzáles, del Partido Demócrata Verde, otorgó la buena pro de la licitación al consorcio Casa de la Mujer - integrado por Iconsa S.A y Construyendo Infraestructura S.A.C -, pero este proceso luego fue observado y no hubo firma del contrato.
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Salinas buscó contactarse debido a ello, según la tesis fiscal, con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, para destrabar este proyecto y el contrato sea firmado. El empresario necesitó de un intermediario y uno de los congresistas cercanos al burgomaestre era Tello.
El 19 de enero Salinas fue capturado por pertenecer a la presunta organización "Los incorregibles". Fue así que la Fiscalía accedió a sus conversaciones vía celular con el congresista del Bloque Magisterial. Según información del Ministerio Público, el empresario también buscó que Tello realice gestiones ante el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) y el Ministerio de Economía (MEF).
El 10 de febrero la fiscal Zoraida Ávalos inició investigación preliminar contra el congresista Tello por presunto tráfico de influencias agravado, "al haber intercedido ante el alcalde de San Juan de Lurigancho en una licitación pública".
El congresista calificó esta medida como una persecución: "Lamento que en una democracia se aplique este tipo de actitudes de persecución político. Yo contribuyo con la investigación, que levanten mis cuentas bancarias para que vean", dijo entonces a Punto Final.
El Ministerio Público pidió levantarle el secreto de sus comunicaciones. El 22 de junio de ese año el Poder Judicial, a través del juez supremo Juan Checkley, aceptó el requerimiento. Tello luego apeló esa decisión, pero al final la Corte Suprema ratificó la disposición.
Cabe precisar que luego que Ávalos dejó la Fiscalía de la Nación, la nueva gestión, con la fiscal Patricia Benavides a la cabeza, no llegó a presentar la denuncia constitucional contra el parlamentario por este caso.
