Dictan sentencia a César Álvarez por caso La Centralita

La jueza Nayko Coronado Salazar, presidenta del Tercer Juzgado Penal Nacional Colegiado, leyó el adelanto del fallo en el caso "La Centralita" que se siguió al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Águilar por diversos delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y asociación ilícita, entre los años 2009 al 2014, tras más de 12 años de investigación y juicio público.

El exgobernador regional César Álvarez Aguilar recibió una pena de 19 años y seis meses de prisión por delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir, que cometió en la época en que se desempeñó como gobernador regional de Áncash. Álvarez ya se encuentra en prisión por su intervención en el asesinato de Ezequiel Nolasco y recibir pagos ilícitos de la constructora Odebrecht.

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Césasr Álvarez cumplirá está condena en septiembre de 2039, teniendo en cuenta que estuvo con prisión preventiva entre el 28 de mayo de 2014 hasta mayo de 2018. La lectura integra del veredicto se realizará el próximo 14 de marzo.

Heriberto Benítez

El tribunal absolvió al excongresista y actual asesor del Tribunal Constitucional, Heriberto Benítez de los delitos de asociación ilícita, encubrimiento real e intimidación al fiscal del Santa, César Jiménez Rodríguez, quien el 13 de julio del 2010, allanó el local conocido como "La Centralita" por insuficiencia probatoria.

Los jueces resaltaron que durante el juicio público Juan Calderón Altamirano, el ciudadano que denunció la existencia de "La Centralita" pidió disculpas pues todo lo que digo sobre ese lugar, por ejemplo, que era un centro de escuchas telefónicas clandestinas, nunca se pudo probar. Calderon Altamirano terminó procesado en este caso y, al igual que Benítez, resultó absuelto.

Sobre la reunión en el despacho del presidente de la Junta de Fiscales del Santa, Hugo Farro Murrillo, con la participación de César Álvarez, los entonces congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo Espejo y Jiménez Rodríguez, los jueces establecieron que las palabras dichas por Álvarez y Benítez tienen un doble interpretación: ser una amenaza o una simple descripción de hechos, por lo que al existir dudas sobre su significado, no se puede establecer una realidad a partir de ellas.

Igualmente, por falta de pruebas o duda razonable resultaron absueltos: la ex esposa de César Álvarez, Milagros Asián Barahona, Pamela Bermúdez Rodríguez, Julinho Aguirre Soto, Luis Arroyo Guevara, Carlos Crisólogo Saavedra, Víctor López Padilla, Danilo Meléndez Ponce, Modesto Mondragón Becerra, Arnulfo Moreno Corales, Manuel Páucar Obregón, Sandor Renilla Horna, Víctor Revilla Yengle y Luis Villaverde Robles.

Martín Belaunde

Los jueces también establecieron que no se encontraron pruebas de que se hayan realizado pagos específicos para que los periodistas que laboraban en La Centralita mintieran o difundieran noticias falsas. Lo que la fiscalía ha mostrado, dijeron, es que había una insistente promoción de las actividades del entonces gobernador regional.

En tanto, fueron condenados Luis Arroyo Rojas, 5 años de prisión, Ángel Álvarez Aguilar, 7 años de prisión, Dirsse Valverde Varas, a 15 años de pena privativa de libertad y el empresario Martín Belaunde Lossio a cuatro años de prisión supendida, por diversos delitos. Belaunde Lossio solo fue condenado por asociación ilícita por prestar la razón social Ilios Producciones para el inicial funcionamiento de "La Centralita".

Cavassa Roncalla

También fue condenado, el operador político y exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre 1996 al 2000, José Luis Cavassa Roncalla. Un personaje que también está implicado en la investigación a la red "Los Cuellos Blancos del Puerto". En las escuchas teléfonicas realizadas por la fiscalía se le indentifica con el apelativo "Pepe Lucho".

En la investigación del caso 'Cuellos Blancos' a Cavassa se le acusa de infiltrar el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), lo que le habría permitido controlar la elección de Adolfo Castillo Meza como jefe de ONPE para el registro irregular del partido político "Podemos Perú". También intervino en la designación de Orlando Velásquez, el último presidente del CNM y en nombramiento de jueces y fiscales.

En el caso "La Centralita", Cavassa Roncalla fue procesado por dos cargos de lavado de activos. Uno, en el que fue absuelto por duda razonable, es el origen de los pagos realizados a la empresa Datum para una encuesta que realizó entre junio y septiembre de 2013. El tribunal indicó que si bien la orden de pago está a nombre de Cavassa no se podía establecer quien fue la persona que materializó los pagos. La funcionaria de Datum que recibió el pago ha fallecido.

En el segundo cargo, por el que sí fue condenado, se demostró que Cavassa Roncalla recibió diversos pagos de la consecionaria IIRSA SUR por 30 mil hasta 90 mil soles por contratos ficticios. Los informes que presentaron para sustentar las órdenes de servicios habían sido eleborados por terceras personas para otros contratos.

Cavassa Roncalla recibió una condena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva. Los jueces ordenaron su inmediata captura y traslado a un penal donde cumplirá la sentencia, hasta septiembre de 2031.

Ilios Producciones y Odebrecht

También fueron condenados José Carmen Ramos se le condenó a 12 años, Víctor Joel Cerna Báez fue sentenciado a 9 años y 9 meses, el argentino Mario Javier Fatelevich Zagal, a 7 años y 9 meses de prisión, Juan Espinoza Linares, Juan Sánchez Oliva y Nelson Vásquez Baca, a 5 años de prisión, Abel Ramírez Huayaney, 5 años y 1 mes de prisión, Regina Soto Pajuelo, 4 años de prisión suspendida, Antonio Rodríguez Meyzen, a 3 años suspendida por reglas de conducta y Carmina Cortez Roque, 1 año y seis meses de prisión suspendida.

El tribunal ordenó la disolución de la persona jurídica A&E Áncash Telecomunicaciones, al considerase que se constituyó exclusivamente para cometer delitos. Mientras, se impusó una multa equivalente a 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a Ilios Producciones de Martín Belaunde.

La Constructora Nolberto Odebrecht recibió una multa de 100 UIT por su participación en el delito de lavado de activos. Un delito que no forma parte del acuerdo de colaboración con la justicia en el caso Lava Jato, pero por el que tampoco ha sido acusada por los fiscales.

La fiscalía acusaba a César Álvarez de dirigir e integrar una organización criminal que utilizó la infraestructura física y económica el gobierno regional de Áncash para cometer diversos delitos, que se planificaban en un local de Chimbote conocido como "La Centralita".