El proyecto del congresista Juan Burgos (Unidad y Diálogo Parlamentario) que busca la eliminación del financiamiento público directo afectaría la institucionalidad de las organizaciones partidarias, así como la generación de mejores cuadros políticos, según señalaron los expertos electorales Percy Medina y Jorge Jáuregui.
De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), un 50% de este financiamiento está destinado para gastos ordinarios como la adquisición de bienes, contratación de personal y servicios directos; y el otro 50% en actividades de formación y capacitación de cuadros partidarios, investigación y difusión.
Percy Medina, de Idea Internacional-Perú, explicó que con estos recursos lo que se busca es que los partidos políticos tengan un funcionamiento real que les permita no solo poder tener locales partidarios, sino desarrollar una serie de actividades descentralizadas que los conecte con la población, además de capacitar a sus afiliados.
“Es decir, el financiamiento público directo busca darles vida a los partidos en época no electoral. Además, favorece que haya equidad entre partidos que tienen muchos recursos y aquellos que no los tienen”, indicó Medina.
Sostuvo que, de no tener estos recursos, la consecuencia será que las organizaciones políticas terminarán por centralizarse más, se perderá la oportunidad de generar mejores cuadros políticos y habrá “un impacto sobre la institucionalidad del partido”.
No obstante, consideró que se requiere una acción interna de los partidos para tener un mejor control interno de sus finanzas, así como un mejor control externo, que lo ejerce la ONPE, y un escrutinio público mucho más exigente. Para Medina, la posibilidad de eliminar el financiamiento público directo no necesariamente provocaría el ingreso de dinero ilegal a las arcas de un partido, al sostener que esta situación se da en época de campaña electoral.
En la misma línea, el experto electoral Jorge Jáuregui remarcó que estos recursos permiten que un partido tenga institucionalidad, en la medida que realice activismo político con la población. “Para que los partidos políticos puedan tener realmente un trabajo de relacionamiento con la sociedad civil y producir un sistema de partidos institucionalizados, se requiere dinero para la actividad partidista orgánica. Se requiere que los partidos tengan recursos para realizar actividades permanentes de diálogo con la ciudadanía”, explicó.
En su caso, dijo que sí evitaría que ingrese a los partidos dinero privado o eventualmente de actividades ilícitas que pueda sesgar los intereses de las organizaciones partidarias.
El especialista José Naupari dijo que el proyecto para eliminar el financiamiento público directo es extremista, al sostener que lo que se le debería hacer es colocar límites.
Naupari propuso topes para los gastos de alquiler de los locales partidarios; así como el pago exclusivo para el personal que se dedique a tiempo completo para trabajar en un partido.
También que las actividades de capacitación se hagan en centros acreditados por el Minedu.