En conferencia de prensa, la misión de seguimiento electoral de la Unión Europea, liderado por Leopoldo López Gil, expresó su preocupación por algunas iniciativas legislativas, actualmente en estudio, que no se alinean con los compromisos internacionales sobre elecciones suscritos por Perú, tampoco con las buenas prácticas electorales.
Entre ellas se encontrarían el aumento del número de firmas de apoyo necesarias para la creación de nuevos partidos o los proyectos de ley que proponen un incremento de las penas privativas de libertad para los delitos contra el honor.
López Gil recordó que las recomendaciones de las misiones electorales de la Unión Europea están motivadas y referenciadas en los instrumentos internacionales y regionales de protección de derechos humanos y participación política que Perú ha firmado. Por tanto, las iniciativas de reforma deben caminar por esa senda.
En un análisis preliminar sobre el cumplimiento de las 37 recomendaciones que hicieron la misión de observación electoral para las elecciones legislativas de 2020 y la misión de expertos electorales que siguió las elecciones generales de 2021, la representación europea mencionó que han observado avances en 21 de ellas. Aunque anotaron que solo 2, sobre lucha contra la desinformación y protección de datos, fueron aplicadas completamente. En otras 7 se tomaron iniciativas de reforma con desarrollos parciales, pero que la misión no ha visto avances para desarrollar otras nueve recomendaciones.
Informaron que en las próximas semanas se dará a conocer un informe final detallado sobre el nivel de ejecución de las recomendaciones que ofrecieron para reforzar el marco electoral del Perú.
La misión de seguimiento electoral de la Unión Europea, que se encuentra en Perú desde el 15 de enero, refirió que ha conversado con todos los sectores implicados: miembros del Gobierno y del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como representantes de partidos políticos, de la sociedad civil y de la cooperación internacional.
Recordó que poner en marcha las reformas recomendadas requiere de un ejercicio de consulta y debate entre todos los actores implicados en su desarrollo.