La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha resaltado en reiteradas ocasiones que no se opone a que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la investigue por ser la presunta líder de una organización criminal, de acuerdo a una hipótesis formulada por el Ministerio Público. Sin embargo, en paralelo, la abogada presentó medidas cautelares contra el procedimiento disciplinario que la cesó de su cargo durante 6 meses.
En ese contexto, la legisladora Patricia Chirinos también estaría involucrada en el caso debido a que un documento revela que asesores de Benavides Vargas le brindaron a la parlamentaria el texto de la denuncia contra la JNJ.
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"Incluso, luego de que los miembros de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concedieran una medida cautelar en favor de los siete magistrados de la JNJ y con ello paralizaran el procedimiento que debía terminar con su destitución, la ahora investigada Benavides Vargas, sus asesores y colaboradores, proveyeron a la parlamentaria Chirinos Venegas la denuncia por el delito de prevaricato en contra de los magistrados que dictaron dicha medida, la cual fue atendida abriéndoles investigación preliminar a los mismos", se lee en el oficio.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha rechazado el accionar de la Fiscalía con los periodistas peruanos luego de que este medio de comunicación revelara el jueves 28 de diciembre que, desde abril del 2023, por orden del fiscal Andy Rodríguez, se ejecutó una videovigilancia y seguimiento policial al periodista y editor de La República César Romero.
Este reglaje, además, incluyó al columnista y director del portal web Sudaca, Juan Carlos Tafur.
“Se trata de un caso de abuso de poder”, expresó el organismo internacional.
Asimismo, la autoridades del SIP recordaron que este tipo de prácticas afectan no solo el derecho a la privacidad consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también aumenta el peligro de promover la autocensura en la prensa.