Con medias verdades, Ministerio Público avala investigación secreta a periodistas
Comunicado público considera que un artículo periodístico tiene la capacidad delictiva de obstaculizar una investigación, lo que afecta la libertad de información y la libertad de prensa. Cualquier critica a un fiscal, juez o procurador se convertirían en obstrucción a la justicia.
En un afán de negar o justificar la existencia de una investigación, seguimiento y video vigilancia secreta a dos periodistas, sin un debido proceso, juicio previo y el ejercicio del derecho de defensa, el Ministerio Público- Fiscalia de la Nación nos atribuye una conducta ilícita: obstaculizar con dos artículos periodísticos una investigación en trámite.
¿En qué momento se investigó, acusó, juzgó y condenó a los periodistas? ¿En qué momento ejercieron su derecho de defensa? ¿Quién y con qué autoridad-experiencia evalúo el contenido de los artículos periodísticos para decir qué estos obstaculizan una investigación? ¿Qué pasaba si el fiscal no leía y/o pronto olvidaba el artículo en mención?¿Qué acción no pudo realizar el fiscal con la publicación del artículo periodístico?
Veamos. Primero, al denunciar públicamente el espionaje fiscal al que fuimos sometidos de abril hasta noviembre de 2023 hemos cuidado de no afectar el proceso a la red de corrupción judicial “Los Cuellos Blancos del Puerto” ni comprometer al equipo especial delimitando a los que, desde un punto de vista periodístico, consideramos como los responsables.
Por ese motivo, hasta ahora no nos habíamos referido a la resolución de la Quinta Sala Penal Nacional de Apelaciones que resuelve un pedido de prisión preventiva del abogado José Luis Castillo Alva, un personaje que no tiene vinculación alguna con los periodistas o los medios de comunicación, y que es investigado desde el año 2019.
Testigo experto
Tampoco mencionamos que, en julio del 2023, fuimos citados a declarar en calidad de testigos expertos en la carpeta 09-2019 ante el primer despacho del equipo especial por las mismas notas periodísticas y hechos que se mencionan en la disposición N° 01 de la carpeta 87-2023 del 5 de abril de 2023, tramitada en el primero, segundo y tercer despacho del equipo especial.
En mi caso, el 6 de diciembre de 20023 concurrí a dar mi declaración. La fiscal que me atendió entizó que daría mi testimonio en calidad de testigo experto, es decir, ni era investigado, ni era testigo, ni era testigo de parte, estaba allí por mi experiencia como periodista, dijo. El director fundador de Sudaca, Juan Carlos Tafur también ha concurrido a declarar como “testigo experto” en esa misma carpeta y por los mismos hechos.
El comunicado del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación también deja de lado que el tercer despacho del equipo especial nos comunicó una investigación archivada de la que fuimos parte y que la procuraduría ha apelado para que el caso se reabra y se tenga como investigados a los periodistas. El comunicado no mencionado las irregularidades detectadas por el tercer despacho en el trámite de la carpeta 87-2023. Las ignora completamente.
Es la fiscalía la que nos obliga a hablar de procesos de terceros.
La disposición N° 01
El Ministerio Público-Fiscalía de la Nación utiliza el documento judicial emitido el 2 de noviembre de 2023 en el expediente 253-2022, es decir siete meses después de que, con la disposición N° 1 del 5 de abril de 2023, se inició la investigación secreta que ordenaba acciones de seguimiento, videovigilancia y observación a los periodistas.
¿Ni el fiscal Andy Rodríguez, ni el equipo especial “Cuellos Blancos del Puerto”, ni el comunicado del Ministerio Público responden lo central de nuestra denuncia pública: por qué fue necesario investigar y seguir a dos periodistas de manera secreta? Sería interesante, que el Ministerio Público haga público el informe jurídico que sustenta su comunicado ¿Se ha recogido toda la información de la carpeta 87-2023?
La fiscalía dice que no existen medidas de seguimiento, video vigilancia e interceptación de las comunicaciones a periodistas, lo real es que el 5 de abril de 2023 se dictó una resolución de inicio una investigación secreta donde se dispone acciones de seguimiento, video vigilancia y observación electrónica de los domicilios de los periodistas Juan Carlos Tafur y César Romero Calle.
Esa disposición existe, se enviaron los oficios a la policía y hasta hoy sigue en trámite. ¿Por qué se dictó esa disposición? ¿De acuerdo con el comunicado público, cuál es nuestra condición legal en este momento? ¿A partir de hoy, si se materializará el seguimiento, video vigilancia, la observación electrónica de nuestros domicilios y la escucha de nuestras comunicaciones?
Persecución a la prensa
Segundo. Una resolución judicial que resuelve un pedido de prisión preventiva no es una sentencia y sus consecuencias jurídicas tampoco pueden afectar a terceros. Los jueces de la Sala de Apelaciones no investigaron ni juzgaron a los periodistas, ni tampoco podían investigar, ni juzgar el contenido de un artículo periodístico.
Los jueces se limitaron a recoger los argumentos de la fiscalía sobre la probable conducta ilícita, repetimos, de un tercero. Sin embargo, lamentablemente, la fiscalía hace una lectura interesada de la mencionada resolución. Dice que el tribunal nos atribuye una conducta ilícita, pese a que se trata de un proceso en el que no somos parte ni se nos ha permitido el mínimo ejercicio de defensa.
La Quinta Sala Penal Nacional de Apelaciones se refiere a una presunta conducta obstruccionista, qué de acuerdo con la fiscalía, habría realizado el abogado. Esto pese a que él artículo periodístico no habla de la investigación al abogado. Habla de la conducta de los fiscales.
Con el comunicado se nos atribuye una conducta ilícita sin habernos dado el mínimo derecho a la defensa. Considerar que los periodistas pueden obstruir la justicia con sus artículos periodísticos convertiría a los jueces, fiscales y procuradores en funcionarios públicos intocables. Cualquier crítica, se convertiría en un ataque y una obstrucción a la justicia.
También ocultan deliberadamente que el 21 de en junio de 2023, el juez de investigación preparatoria nacional, Leodan Cristóbal Ayala consideró imposible que una información periodística obstruya una investigación fiscal. En todo caso, esto es un tema jurídico abierto al debate.
En nuestra condición de periodistas, hemos solicitado una entrevista con la presidenta de la mencionada Quinta Sala para aclarar el contenido de su resolución. La respuesta que se nos ha dado fue que no podía declarar porque el caso sigue en trámite, es decir esa resolución, esta apelada. ¡Qué pasa si esa resolución se anula, cual sería entonces el sustento de la disposición N° 1?
El teléfono fantasma y falso
Además, al leerse la resolución de la Sala de Apelaciones se advierte que el tribunal recibió un número telefónico que no me pertenece para afirmar que existen llamadas entre el periodista y el abogado en enero y marzo del 2014. El fiscal Andy Rodríguez en su carta aclaratoria repite el mismo número que no me pertenece. Un número qué, por cierto, tampoco forma parte de la carpeta secreta 87-2023. Es decir, tres llamadas de hace nueve años desde un número que no me pertenece sustentan una presunta obstaculización que habría ocurrido el 2023.
Reiteramos, La República y el periodista César Romero Calle nunca han atacado al fiscal Andy Rodríguez, ni a ningún otro fiscal del equipo especial del caso “Cuellos Blancos”, ni han obstruido ninguna investigación. En general, no hemos atacado a ningún fiscal. Desde La República se realiza un periodismo objetivo y crítico, en ejercicio de la libertad de información y la crítica judicial, que reconoce y garantiza la constitución.
Antes del 28 de noviembre de 2023, solo se habían publicados dos notas que mencionan al fiscal Rodríguez: Una, el 30 de abril, se informa que el fiscal de Ventanilla, Callao, Abelardo Caycho Ramis levantó un acta en el que señala que los fiscales Andy Rodríguez y Max Castro lo presionaban para acelerar un pronunciamiento en un caso contra Walter Ríos, un caso que recién había conocido cinco días antes. Recién nueve meses después, el fiscal Andy Rodríguez ha cuestionado el contenido del acta. Esas presuntas presiones están en investigación en el Ministerio Público. El hecho sucedió.
Pugnas internas
Dos, en una nota del 16 de abril de 2023, que da cuenta de discrepancias al interior del despacho de Andy Rodríguez. Las pugnas entre los fiscales del equipo especial del caso “Cuellos Blancos” han sido reiteradas y públicas desde que la fiscalía de la Nación creó este equipo el año 2018 por diferentes y variados motivos.
Los hechos narrados en el artículo del 16 de abril son un capítulo más de esas pugnas internas. Es probable que en este mismo momento se estén suscitado discrepancias y roces entre los fiscales de ese equipo. ¿Cometerá delito de obstrucción aquel periodista que informe de esos eventos?
El ejercicio del periodismo, garantizado por la Constitución Política, tratados internacionales y leyes internas, no es indicio de ningún delito. Podría faltar a la verdad lo que se dice en los artículos, pero para tratar estos asuntos existen determinados mecanismos legales, como una querella ante el Poder Judicial. No una investigación penal. Ni se obstruye nada.
Debe investigarse
Nos ratificamos en que entre abril y noviembre de 2023 se utilizó una carpeta del caso “Cuellos Blancos del Puerto” para justificar o dar un caparazón legal a vigilancia de periodistas que el Ministerio Público puede considerar incómodos. Por eso, hemos pedido y reiteramos públicamente, la necesidad de que se realice una investigación sería y objetiva desde la fiscalía de la Nación, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia.
Precisamos que recién conocimos de estos eventos el 27 de noviembre de 2023 (ese día me encontraba fuera del país) al notificarse en mi domicilio el archivo de la investigación. Al regresar al Perú me dedique a averiguar por qué se nos notificaba una resolución de archivo de una investigación por crimen organizado.
Los resultados de esas averiguaciones se publicaron el 28 de diciembre de 2023. Desde ya aclaramos que la fecha de publicación nada que tiene ver con el retorno de la fiscal Magaly Quiroz como coordinadora general del equipo especial, ni la probable reincorporación del fiscal Andy Rodríguez. Cuando se produjo el cambio en la conducción del Ministerio Público, fuimos de los primeros que abogados por el retorno de la doctora Quiroz.
Periodista, solo periodista
Antes que usar el caso “Cuellos Blancos” para perseguir periodistas y solucionar sus diferencias internas, los fiscales deberían preocuparse por presentar acusaciones y obtener condenas, en un caso que data de julio de 2018. Hace más de cinco años que unos audios obtenidos en una investigación en el Callao revelaron la existencia de una red de corrupción judicial. Hoy no hay condenas, pero si persecución a periodistas que solo hacen su trabajo.
Tengo 30 años reportando las actividades del Poder Judicial y el Ministerio Público. En esta labor durante estos años he tenido, no una, ni dos, ni tres, sino cientos o hasta miles de llamadas telefónicas, entrevistas, intercambios de correos con fiscales, jueces, abogados, sospechosos, inculpados, investigados, acusados, condenados, reos, exreos, inocentes, culpables, buenos o malos profesionales. Siempre y en todo momento, para contrastar o buscar información, parte del rigor periodístico necesario al realizar una publicación.
