A través de una conferencia de prensa por la entrega de 200 vehículos a la Policía Nacional del Perú (PNP), la presidenta, Dina Boluarte, justificó los nuevos permisos otorgados a la PNP. Entre ellos figuran la potestad de realizar detenciones sin la orden de un fiscal, así como la autorización para poder investigar en la etapa inicial y ejecutar el levantamiento de las comunicaciones. Boluarte sostuvo: "De ninguna manera trasgrede las competencias del Ministerio Público".
Para el otorgamiento de dichos permisos, el Ejecutivo generó 36 nuevas leyes, a través de las facultades legislativas brindadas por el Congreso de la República, que modifican el Código Procesal Penal. La jefa de Estado mencionó: "En el marco legal que hemos otorgado en estas 36 normas, se le ha devuelto a la Policía Nacional las facultades para la investigación del delito. Pueden actuar de manera inmediata y hacer las investigaciones contra aquel delincuente".
La presidenta hizo hincapié en los casos de liberación de delincuentes por parte de jueces y fiscales. Esto último relacionado al caso búnker de Pachacámac, en el que la jueza supernumeraria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Leny Zapata Andía, ordenó la libertad de siete personas capturadas en el predio del distrito, vinculados a la organización trasnacional el Tren de Aragua, y a quienes se les incautó drogas, armas de fuego y municiones.
Boluarte sostuvo: "Los delincuentes ya no deben ser liberados tras ser capturados por la Policía, como venía ocurriendo para la indignación de todos nosotros”.
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De acuerdo a la modificación del artículo 332 del Código Procesal Penal, los efectivos policiales podrán calificar conductas como presuntos delitos, determinar los grados de presunta autoría y participación, así como otras funciones que corresponden a un fiscal. Para ello, se debe tener ciertas consideraciones en la elaboración del informe, las cuales constan de los siguientes puntos: