Cuestionan comisión que apunta a retirarnos del Sistema Interamericano

Expertos en temas internacionales explicaron que Perú no podría imponer a la Organización de Estados Americanos (OEA) las conclusiones del informe de la Comisión de Alto Nivel para reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) aprobado por el Pleno del Congreso en primera votación.

Criticaron que el proyecto de ley para crear este grupo de trabajo −pendiente de segunda votación− señale que si no se implementan las modificaciones en 180 días, el Estado “deberá evaluar la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos”.

El exagente del Perú ante la Corte IDH Adrián Simons calificó de impositivo y unilateral que se fije un plazo para que la OEA responda a las reformas que dé la Comisión de Alto Nivel. “Un proceso de reforma no puede ser producto de la imposición de un Estado a los demás países de la OEA. Perú no puede forzar u obligar a ningún Estado que integra la OEA a emitir un pronunciamiento dentro de un plazo impuesto unilateralmente”, afirmó.

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Agregó que no se puede improvisar una modificación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recordó que cuando los tratados sufren enmiendas tardan años en implementarse porque es resultado de intensas negociaciones entre las cancillerías.

“Tiene que haber un consenso mínimo con los Estados democráticos que forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para generar un trabajo de enmiendas al tratado que le dé mayor eficiencia al sistema de protección de los derechos humanos y eso no se hace en 180 días en ningún lugar del planeta”, subrayó.

Aseveró que denunciar este tratado internacional en caso de que no haya una respuesta satisfactoria de la OEA, como dice la norma de creación de la Comisión de Alto Nivel, sería un gravísimo error histórico de Perú.

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“Nos dejaría desprotegidos a todos los peruanos de un sistema de protección de los derechos humanos; no habría una corte internacional a la cual recurrir si el Estado viola nuestros derechos”, remarcó.

Consideró que de aprobarse dicha ley en segunda votación, el Ejecutivo debería demandar su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. De acuerdo al texto aprobado, la Comisión de Alto Nivel encargada de realizar reformas al SIDH está conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Por su parte, el exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Francisco Eguiguren aclaró que Perú puede alcanzar sugerencias para modificar el referido tratado, a través de la Presidencia y la Cancillería, pero no imponerlas.

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“Si la Cancillería va a participar en este proceso, de repente concluyen en algunas propuestas interesantes y si al Gobierno le parece bien podrá promover un proceso de negociación al interior de la OEA con otros Estados porque un Estado solo no va a modificar un tratado multilateral”, destacó.

Parlamento no puede crear comisiones con el Ejecutivo

El exrepresentante del Perú ante la OEA Harold Forsyth sostuvo que el Congreso de la República no tiene la facultad de designar a miembros del Poder Ejecutivo para integrar una comisión.

“El Congreso no puede crear comisiones incluyendo al Poder Ejecutivo porque este no es subalterno del Legislativo y mucho menos decir que el canciller las va a presidir. No está en sus facultades hacerlo porque el Parlamento no puede realizar nombramientos del Poder Ejecutivo”, planteó.

En ese sentido, Forsyth advirtió que el Legislativo estaría “usurpando las facultades del poder administrador”, al incluir en esta comisión que realizará reformas al SIDH a la Cancillería y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.