El expresidente de Bolivia Evo Morales fue citado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno para declarar en una investigación que se abrió a principios de este año, por el presunto delito de atentado contra la integridad nacional y traición a la patria.
De acuerdo con la información difundida por Correo Sur y tomada de Perú21, en este proceso judicial, Morales fue convocado a prestar sus declaraciones mediante la plataforma digital Google Meet el pasado 7 de marzo, pero no se presentó, por lo que volvió a ser citado para el próximo miércoles 10 de mayo.
Cabe recordar que la denuncia surge el 17 de noviembre del pasado año, cuando el entonces gobernador regional de Puno, Germán Alejo, le aseguró a Morales, en una ceremonia en la que fue condecorado, que Puno se uniría a su proyecto con el que buscaría crear la llamada “Nación Aimara”.
Germán Alejo, ex gobernador regional de Puno. Foto: La República
Esta intención fue ratificada por Alejo ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el 12 de diciembre, cinco días después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte.
Las declaraciones de Alejo fueron algunas de las pruebas de la investigación tanto a Morales como a Alejo y Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre.
El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó una denuncia penal por declaraciones y supuestas acciones del exmandatario, presuntamente destinadas a acciones como “el propósito de unir la región de Puno al Runasur, organización creada por Evo Morales”.
El exmandatario boliviano, Evo Morales, es parte de una investigación preliminar a cargo de Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno por el presunto delito de atentado contra la integridad nacional y traición a la patria. Esto surge, a raíz de un video de 17 de noviembre de 2022, durante una condecoración, donde el ex gobernador regional Germán Alejo dejó entrever a Morales que se uniría a su proyecto Runasur, con el objetivo de establecer la 'Nación Aimara'.
Como parte de estas indagaciones también fue incluido Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre.
Según el artículo 325 del Código Procesal Penal, el atentado contra la integridad nacional se define como una práctica de un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años.
Las expresiones traición a la patria y sabotaje son desnaturalizadas al empleárselas para identificar la acción que se reprime: la destrucción intencional, total o parcial, de los diversos bienes que se señalan.