La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones, confirmó a La República que antes que termine la legislatura, el Pleno estaría votando el juicio político contra el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte.
El lunes 7 de noviembre, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, sustentará el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Castillo por presunta traición a la patria. Lady Camones explicó que no necesariamente en esta sesión la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará el expediente. No obstante, aclaró, que de todas maneras se votará esa misma semana.
“Ya estamos en la etapa final”, aseguró a este diario.
En el caso de Dina Boluarte, hay una denuncia pendiente contra la vicepresidenta por presunta infracción constitucional. El congresista ponente es Edgar Reymundo, de Cambio Democrático.
El 8 de noviembre vence el plazo para presentar dicho dictamen. Sin embargo, falta que la Municipalidad de Lima remita información al respecto. A Boluarte, como se sabe, la acusan de haber infringido la Constitución debido a que realizó gestiones en el Club Apurímac cuando ya se desempeñaba como ministra de Inclusión Social.
Camones refirió que los casos de Castillo y Boluarte se pueden resolver en tres semanas. Una vez que se aprueben en la Subcomisión, pasan a discutirse a la Comisión Permanente y luego al Pleno.
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La presidenta de la SAC aseguró que antes que culmine la legislatura en diciembre el Congreso tomará una decisión. Tanto como en la denuncia contra el presidente y contra la vicepresidenta, se tratan de procesos de juicio político, donde la máxima sanción es la inhabilitación de la función pública.
Para que el Pleno del Congreso apruebe inhabilitar a ambos mandatarios necesita 66 votos a favor, no contando a los miembros de la Comisión Permanente. Al cierre de esta nota, la moción de vacancia contaba con las firmas de 66 congresistas, la misma cantidad parlamentarios a favor que requiere la suspensión de Castillo y Boluarte. Será el jaque mate de la oposición contra el Gobierno.
Según un informe del Poder Judicial, enviado a la Presidencia del Congreso, en la Subcomisión hay cinco congresistas con procesos judiciales pendientes: Waldemar Cerrón, de Perú Libre; Norma Yarrow, de Avanza País; Martha Moyano, de Fuerza Popular; Óscar Zea, de Podemos Perú y Rosío Torres, de APP.
El artículo 20 del reglamento del Congreso señala que los parlamentarios con procesos pendientes no deben integrar la SAC y tampoco la Comisión de Ética. Por lo tanto, estos cincos congresistas deberían dar un paso al costado.
Pero no lo hacen.
Camones respondió que Yarrow envió un oficio de la Procuraduría Anticorrupción donde precisa que su caso está archivado.
Torres, por su parte, dijo a este diario que su proceso quedó encarpetado en 2017.