Elecciones regionales: 9 de 18 candidatos a gobernador son acusados de corrupción

Las elecciones 2022 aún no han acabado. En nueve regiones está pendiente una segunda vuelta (probablemente el 11 de diciembre), y en siete de ellas hay por lo menos un candidato a gobernador con antecedentes de presunta corrupción, de acuerdo con información de la Procuraduría Anticorrupción, el Centro Líber y la Defensoría del Pueblo. La mayoría ha ejercido cargos públicos como alcaldes o gobernadores.

Elección sin opción

En Amazonas, los ciudadanos deberán elegir de todas formas a un candidato con acusaciones, debido a que los dos aspirantes al sillón regional son investigados por presuntos actos ilícitos. Se trata de Gilmer Horna Corrales (Sentimiento Amazonense) y Grimaldo Vásquez Tan (Victoria Amazonense).

Horna fue gobernador regional en el 2014 y suma cinco procesos por negociación incompatible, colusión y cohecho, según la Defensoría del Pueblo. Todos ellos en agravio del Gobierno Regional de Amazonas.

No son las únicas acusaciones que persiguen a Horna, quien es propietario de la empresa de transportes GH buses. En el 2019, uno de sus vehículos cayó al abismo en una carretera en Chachapoyas y llevaba consigo a 15 menores de edad. Este hecho provocó el fallecimiento de seis escolares de 14 años junto a un adulto; además, 11 personas quedaron heridas.

El caso de Grimaldo Vásquez no es tan distinto. Dos veces alcalde provincial y congresista en el 2020, se sabe que durante su paso por el Parlamento Nacional promovió leyes declarativas para la creación de distritos, las cuales –como es obvio– quedaron en el archivo.

Además, Vásquez propuso, junto a otros congresistas, un proyecto de ley que “prohíbe la alteración de la gramática y el enfoque de género en el sistema educativo nacional”, también quedó en el archivo.

Con respecto a las investigaciones en su contra, Vásquez Tan cuenta con dos casos por indicios de corrupción, en la modalidad de colusión y enriquecimiento ilícito. Estos se encuentran en diligencia preliminar. El agravio fue en contra de la Municipalidad Provincial de Luya y la Municipalidad Provincial de Pisuquía.

El rol del elector

José Tello, presidente del Instituto de Derecho Electoral, sostiene que hay una actitud permisiva con estos sucesos, pues la corrupción ha sido normalizada y no genera conflictos al momento de la elección.

“Mientras (el candidato) hace obras y es empático, no se miden las consecuencias. Esto es algo transversal a nivel nacional”, agrega.

En tanto, Karin Guevara, experta en materia electoral, afirma que importa el personaje, pero no se centran en el historial de estos políticos.

“Cuando estas personas hacen actividades populistas que disponen de las arcas de las exgestiones como hacendados, solucionan problemas inmediatos y la gente no olvida eso. Los vuelven a elegir”, enfatiza.

Un caso similar: Pasco

Otra de las regiones con los dos candidatos investigados es Pasco. Uno de ellos es Juan Luis Chombo Heredia (Somos Perú), dos veces alcalde, en 2010 y 2018, en niveles distritales y provinciales, respectivamente. También ejerció el cargo de regidor en el 2002. En su historial registra ocho carpetas fiscales por peculado, colusión, tráfico de influencias y negociación incompatible. El agravio fue contra las municipalidades en las que ejerció como autoridad: la Municipalidad Daniel Alcides Carrión y de Tapuc, de acuerdo con la Procuraduría Anticorrupción.

Desde el área de prensa del partido indicaron que Chombo no brindará declaraciones.

El otro aspirante es Zumel Trujillo (Pasco Verde), quien postula nuevamente a un cargo público. En el 2014, fue electo alcalde distrital de Simón Bolívar. Sin embargo, en su gestión, la comunidad campesina de Quiulacocha del mismo distrito lo declaró persona no grata por las obras incumplidas. Según la Defensoría, es investigado en tres casos por los delitos de peculado, negociación incompatible y colusión.

El candidato sostuvo a LR Data que las acusaciones son en su calidad de alcalde y no es responsable de esas imputaciones.

“Sobre los casos que se me investiga, son porque, como titular, soy al primero que denuncian. Los fiscales siempre denuncian a los alcaldes. (...) Yo saludo esas denuncias, que sigan investigando, pero no soy responsable”, afirma.

Con ese escenario, Karin Guevara resalta que hay una resignación ciudadana ante el menú de candidatos.

“Somos pasivos, elegimos lo que tenemos. Pero también a la gente parece no importarle si tiene procesos, importa el personaje, las medidas populistas o inmediatas”, enfatiza.

Vicegobernadores

Dos candidatos llevan consigo antecedentes de presunta corrupción, pero como si eso no bastara, sus aspirantes al vicegobierno también tienen un perfil similar. En Lima, Rosa Vásquez Cuadrado (Mov. Reg. Unidad Cívica Lima) ha sido tres veces alcaldesa de Huarochirí. Su historial está vinculado a posibles actos delictivos. De acuerdo con información de la Defensoría y Centro Líber, suma cinco imputaciones por los delitos de colusión y peculado en agravio de la municipalidad en la que fue autoridad provincial.

En tanto, según la Procuraduría Anticorrupción, su vicegobernador Nicolás Barrera es investigado por el delito de cohecho genérico en agravio de la Municipalidad de Lima Metropolitana. El proceso se encuentra en diligencia preliminar.

En Moquegua, el dos veces gobernador regional Jaime Rodríguez Villanueva (Kausachun) enfrenta siete procesos por colusión, malversación y negociación incompatible. Algunos de estos hechos fueron en agravio de la entidad que desea volver a ocupar.

Su contraparte, la candidata Gilia Gutiérez (Somos Perú) no registra antecedentes por estos delitos, pero lleva en sus filas a un cuestionado postulante a vicegobernador. Se trata de Luis Trigoso, quien fue acusado del delito contra la administración pública en agravio del Gobierno Regional de Moquegua. La Procuraduría informó que el caso está en diligencia preliminar.

Piura, Cajamarca y Cusco

Uno de los que registran mayor número de casos activos es Reynaldo Hilbck, quien aspira nuevamente al cargo de gobernador de Piura con el movimiento Unidad Regional. Según la Defensoría, la exautoridad regional cuenta con ocho casos por negociación incompatible, peculado, colusión, malversación y cohecho. Esto lo convierte en uno de los que más acusaciones presentan.

No obstante, las regiones con menor número de casos activos son Cusco y Cajamarca. En la primera aparece Werner Máximo Salcedo Álvarez (Somos Perú), quien tiene un proceso por malversación. El área de prensa de SP indicó que no brindará declaraciones. Mientras que para el gobierno cajamarquino se presenta Víctor Villar Narro, investigado por peculado.

Los especialistas advierten que las soluciones para frenar el avance de la corrupción y mejorar la oferta electoral no solo son los filtros y las medidas, también la educación y la injerencia política de los ciudadanos.

“Hay una normalización de la corrupción. Tenemos que ruborizarnos, es anómalo. (...) La solución es la educación. Se tiene que conocer cómo funciona el Estado. A corto plazo, los grupos de interés deben corregir este problema”, sostiene Edgar Tello.

Del mismo modo, Karin Guevara incide en el rol educativo para formar también a los futuros políticos a fin de que tengan conocimiento de la gestión pública. “Ahora no hay sentido crítico, no hay sentido reflexivo. Las personas no ven qué es lo correcto”, indica.

Al cierre de este informe, La República se comunicó con los candidatos aludidos. Dejamos consignado que algunos de ellos no respondieron.

Aspirantes con presuntas irregularidades

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hay 40 casos por presunta corrupción en trámite. De esa cifra, 26 se encuentran en diligencia preliminar.

Los aspirantes a segunda vuelta por Callao y Lambayeque no registran ninguna carpeta fiscal en su contra.

Del total de casos por corrupción, la mayoría corresponde a la modalidad de peculado (15 casos). Le sigue la colusión (14) y la negociación incompatible (13).

Asimismo, 2 de 18 candidatos a gobernadores son presuntos responsables de hechos irregulares detectados por la Contraloría de la República. Se trata de Gilmer Horna Corrales (Amazonas) y Reynaldo Hilbck (Piura), ambos con faltas penales y administrativas.

Por otro lado, solo 5 postulantes declararon tener sentencias civiles o penales ante el Jurado Nacional de Elecciones. Estos son Werner Salcedo (Cusco), con sentencia civil por pensión alimentaria; Rosa Vásquez (Lima), penal por libramiento indebido; Jaime (Rodríguez), penal por nombramiento indebido; Zumel Trujillo (Pasco), civil por pensión; y Luis Ernesto Neyra (Piura), penal por difamación.

Datos

Elección. De 18 candidatos a segunda vuelta, 9 están con casos activos por presunta corrupción en siete regiones del país.

De nuevo en la función pública. De los 9 aspirantes con procesos, hay 8 que ya ocuparon cargos públicos como congresistas, alcaldes, regidores o gobernadores regionales.