Desde hace ocho meses, el exgobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica se encuentra recluido en el penal de Socabaya. La exautoridad es acusada de liderar la organización criminal ‘Los hijos del cóndor’ y se le imputan varios delitos. El último jueves 30 de junio, su hermano Álvaro Cáceres, quien es actual alcalde provincial de Caylloma, se recibió al proceso que sigue su familiar.
Álvaro Cáceres comentó a La República que hasta el momento no visitó a su hermano al penal de Socabaya, pero sí tiene comunicación con él vía telefónica. Contó que la defensa del exgobernador está elaborando un recurso para buscar que siga su proceso de investigación, pero en libertad.
“Mi hermano se encuentra bien, pero está preocupado porque considera que todo esto es un atropello. Yo veo que otras exautoridades siguen paseándose como si nada, cuando también deberían estar en la cárcel. A mi hermano lo han atropellado, él debería ser juzgado en libertad”, enfatizó.
El burgomaestre brindó estas declaraciones durante los reclamos de varios ciudadanos contra la firma de la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II en la ciudad.
El pasado 23 de octubre de 2021 fue detenido el exgobernador Elmer Cáceres Llica, así como sus hombres de confianza y varios consejeros regionales. Ellos son sospechosos de integrar una presunta organización criminal denominada ‘Los hijos del cóndor’, la misma que es investigada desde hace un año por agentes de la Policía de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y el Ministerio Público.
Gobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica tiene 3 días para apelar sentencia. Foto: Oswald Charca
De acuerdo a la Fiscalía, Cáceres Llica captó a algunos consejeros regionales para ofrecerles la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales, así como parcelas o terrenos del Estado con el fin de que no lo fiscalicen.
Bajo las promesas, aparentemente también esperaba el apoyo en no admitir a trámite los pedidos de interpelación que pudieran presentarse tanto en su contra como a su personal de confianza que ocupan cargos expectantes en el gobierno regional.