Congreso: Dejan sin efecto elección irregular del defensor del Pueblo tras orden judicial

La comisión especial del Congreso encargada de la elección del defensor del Pueblo acordó ayer dejar sin efecto el proceso, luego de que un juez constitucional de Lima emitiera una resolución ordenando a María del Carmen Alva suspender todo. La presidenta del Congreso ya no podrá concretar su objetivo, al igual que la mayoría de las bancadas, de realizar una elección exprés en la presente legislatura.

La decisión adoptada ayer, sin embargo, es distinta a lo que ordenaba el Poder Judicial. El juez John Javier Paredes Salas había planteado la suspensión del proceso mientras se resolvía una acción de amparo que tramitó el Sindicato de la Defensoría del Pueblo.

Fue el fujimorista Hernando Guerra quien lanzó una propuesta distinta: no acatar directamente el fallo, sino desactivar la comisión y empezar un proceso de nuevo, como una forma de dar un mensaje, en el sentido de que el Congreso toma sus propias decisiones.

“Podríamos resolver buscando una salida que el propio Congreso dé. No que nos den a nosotros y nos digan cómo se tienen que hacer las cosas”, comentó al formular su propuesta de empezar todo de cero.

Otras dos propuestas fueron descartadas en la sesión de ayer. Jorge Montoya (Renovación Popular) planteaba continuar con el proceso y no acatar la resolución judicial. “Es algo vergonzoso”, dijo en referencia a la sugerencia de Guerra García.

El fujimorista respondió diciendo: “Creo tener la suficiente inteligencia emocional”, en clara alusión a Jorge Montoya.

Ya en la votación, la propuesta de Montoya de seguir adelante con la elección fue respaldada únicamente por Freddy Díaz Monago (APP). En el debate, Wilmar Elera (Somos Perú) también pretendió el desacato, pero luego retrocedió.

La otra propuesta era de Ruth Luque (CD), quien planteaba acatar la orden judicial y esperar la decisión final del Poder Judicial. Al final, retiró esta alternativa y votó a favor de anular todo el proceso para constituir una nueva comisión.

En buena cuenta, en el fondo, el Congreso ya está cumpliendo con acatar el fallo judicial, pues no solo suspendieron el proceso, sino lo anularon.

Por otro lado, en la acción de amparo, el sindicato defensorial ha pedido la nulidad del proceso para iniciar uno de nuevo. El Congreso ayer terminó por darle la razón a este gremio.

Los estándares

María Alva ayer se esforzó en expresar, en forma reiterada, que el proceso de elección del defensor se estaba realizando, según ella, de manera transparente y con participación.

Para insistir con esta narrativa, le permitió hacer un recuento del proceso al secretario técnico de la comisión, Víctor Colina Vega. Este trabajador del Congreso sustentó la supuesta participación ciudadana en los mensajes que dejan los usuarios de las redes sociales en las trasmisiones de las sesiones.

Dijo también que la participación se podía ejercer mediante el envío de mensajes a los correos de los congresistas.

Su discurso solo ayudó a confirmar que el proceso se venía realizando sin mecanismos efectivos de participación, como la formulación de tachas.

Colina también recordó la elección del exdefensor Walter Gutiérrez y subrayó que el proceso recae en el Congreso, desconociendo los estándares internacionales fijados para la elección de altos magistrados, incluyendo el cargo defensorial.

Alva también faltó a la verdad cuando dijo que toda la documentación estaba subida en la web del Congreso. Según pudimos verificar, entre la información compartida no se encuentra, por ejemplo, el vóucher de pago que hizo el candidato invitado Jorge Rioja Vallejos recién el 24 de mayo a la Sunat, por una deuda coactiva. Esto solo fue enviado, en interno, a los congresistas.

Nuevas reglas

El acuerdo tomado ayer por la comisión especial ahora debe ser ratificado por el Pleno.

El siguiente paso será definir la nueva comisión con solo 9 miembros. Es decir, María Alva ya no podrá aferrarse a la presidencia “supernumeraria”, algo que también fue cuestionado por el sindicato, por vulnerar la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Ahora bien, la ley fija un máximo de nueve integrantes en la comisión. Siendo 11 las bancadas, dos serán descartadas y esto se tendrá que definir entre Somos Perú, Perú Bicentenario, Perú Democrático y Cambio Democrático.

El proceso de elección que quedó truncado por falta de una correcta transparencia y participación ciudadana tenía como candidatos invitados a Julia Príncipe, Gastón Soto Vallenas, Víctor García Toma, Jorge Rioja Vallejos, Miguel Soria y Ricardo Velásquez. Las bancadas tendrán que decidir si los vuelven a invitar.

La intervención del Sindicato de la Defensoría y la orden del Poder Judicial dejó un sabor amargo en el Congreso. Tanto así que María Alva anunció al final una denuncia contra el juez constitucional supuestamente por prevaricato.

Estándares mínimos para una elección

Enfoque por: Lily Ku, sindicato de la Defensoría

El defensor/a del Pueblo tiene el deber constitucional de defender los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública. Por tratarse de un alto cargo, la elección debe garantizar los principios de legalidad, meritocracia, igualdad, transparencia y participación ciudadana.

Asimismo, en la discusión sobre las y los candidatos deben prevalecer criterios de integridad y solvencia ética, autonomía e independencia partidaria, formación en materia de derechos humanos, reconocida trayectoria en la defensa de derechos y capacidad de diálogo. De no cuidar que la persona elegida cumpla con estas cualidades, se corre el riesgo de debilitar la defensa de los derechos y la vigilancia en el respeto del Estado de derecho.

Es de suma importancia que la sociedad civil cuide la autonomía de la Defensoría, por ser pieza clave de nuestro sistema democrático.

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