La comisión investigadora de las Elecciones Generales 2021, liderada por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, pide que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) encuentren las pruebas de un presunto fraude, a pesar de que dicho grupo de trabajo impulsa denuncias constitucionales contra las mencionadas instituciones.
Según informó el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, la comisión de Jorge Montoya emitió un comunicado a la institución solicitando que los organismos electorales emitan las pruebas que hasta la fecha dicho grupo parlamentario no ha presentado. “Pese a ello, piden se nos denuncie constitucionalmente”, enfatizó Salas durante su participación en la Mesa de Gobernanza Electoral, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) este miércoles.
En ese sentido, señaló que a pesar de que misiones internacionales de observación electorales ratificaron y avalaron los comicios presidenciales del 2021, continúan los ataques “en lo personal” contra los titulares del JNE, ONPE y Reniec, quienes, de acuerdo a Jorge Salas, son acosados incluso en sus propios domicilios. “Mañana, tarde y noche, por turnos, y por diversos medios, eso es un acoso”.
“Siempre hemos procedido como señala el deber moral, ético y jurídico, con honestidad y transparencia, respetando la voluntad popular y cumpliéndola cabalmente”, resaltó Salas Arenas, quien, además, reiteró que la perpetración de un fraude es “materialmente imposible”.
En otro momento, el magistrado mencionó que no solo hay falsas acusaciones de fraude contra los organismos electorales, sino que “ciertos sectores” vienen insinuando supuestos actos de corrupción en las instancias electorales con el fin de generar desconfianza ante el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
JNE
La comisión liderada por Jorge Montoya no encontró pruebas fehacientes para determinar el presunto fraude electoral. Es así que su informe final concluye que los “organismos encargados”, es decir el JNE, la ONPE y el Reniec, deben iniciar investigaciones para hallar las supuestas irregularidades que su grupo parlamentario no hizo.
Según se registra en las planillas planillas, la comisión investigadora del presunto fraude le costó al estado peruano en total S/ 216.347,67. Del total, el 75% corresponde a los sueldos de los asesores Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén.