Roberth Orihuela
Los constitucionalistas Domingo García Belaunde y Víctor García Toma aceptan que la constitución del 93 necesita cambios; sin embargo, no es momento oportuno para convocar una Asamblea Constituyente que elabore un nuevo texto constitucional. La razón: la convulsión social que se vive en el país y el desprestigio de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
García Belaunde calificó la propuesta del presidente Pedro Castillo Terrones como distractora. “Es humo que lanzan para tontear a la gente, para distraerla. Porque la verdad no pretenden nada, estoy seguro que no va a prosperar. En principio porque es un documento plagiado, poco serio. A nadie le interesa la Asamblea Constituyente”, argumentó. El proyecto apadrinado por Castillo debe aprobarlo la comisión de Constitución y luego el pleno del Congreso donde Perú Libre carece de los votos.
Para el constitucionalista una iniciativa constituyente no es urgente ni necesaria. “Es necesario cambiar algunas partes de la constitución del 93, sí, pero no ahora. Hay que propiciar un nuevo Senado y la Descentralización, pero en un ambiente de calma, no a empujones. Lo que va a generar es intranquilidad, escape de la inversión. Las constituciones del 79 y del 93 se hicieron con el apoyo de la población. Ahora son un 10% o 15% los que quieren y no se puede perder el tiempo ni dinero. No vale la pena”, manifestó.
Sobre la posibilidad de un adelanto de elecciones —como lo proponen dos bancadas del Congreso— García Belaunde dijo que es una opción, pero aclaró que tomaría un año y medio para hacerse realidad, por lo que tampoco resultaría factible. Añadió que la vacancia no es una salida, porque las últimas dos que planteó este Congreso no han sido efectivas. “La primera se hizo de manera precipitada, mientras que en la segunda es raro que algunos congresistas cambiaron su voto”, añadió.
En tanto, el constitucionalista García Toma, tiene la misma posición. Explicó que se necesitan al menos 3 condiciones para cambiar la constitución: primero, una situación de tranquilidad y sosiego para debatir y llegar a consensos; segundo, tener claro lo que se quiere cambiar de la Carta Magna actual. “Y en este caso, queda claro entonces que no es necesario reformular el Estado, sino cambiar ciertas partes, como la regulación a los monopolios, con leyes que permitan el ejercicio de la libre competencia”, dijo; y tercero, contar con actores legitimados, no necesariamente todos académicos, sino también representantes de las instituciones económicas, político-sociales y culturales.
“Pero no es el momento. El gobierno debe concentrarse en solucionar el problema económico heredado por la pandemia, pero también porque el gobierno no la achunta. Hay que trabajar en la inseguridad ciudadana, el avance del narcotráfico, y fomentar el empleo y mejorar los salarios. Esas son las tareas inmediatas”, finalizó.
Los constitucionalistas presentaron el XV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional previsto el 22 y 24 de setiembre en la Universidad Católica de Santa María. En el evento participarán más de 50 juristas de 18 países de Iberoamérica.
Los especialistas debatirán sobre el avance de la democracia representativa, el autoritarismo y reformas constitucionales. También se abordarán el rol de la mujer en la sociedad y derechos para protegerla de la violencia y desatención del Estado. El evento es organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y la Universidad Católica de Santa María.