Una auditoría, ejecutada por la Contraloría General de la República, concluyó que cuatro altos funcionarios de la compañía petrolera estatal Petroperú organizaron un proceso de adquisición de biodiesel B100 por US$ 74,4 millones para favorecer expresamente a la compañía nacional Heaven Petroleum Operators (HPO).
De acuerdo con el reporte de la investigación, el exgerente general, Hugo Chávez Arévalo; el exgerente de la Cadena de Suministros, Muslaim Abusada Sumar; el exgerente del Departamento de Distribución, Gunther Document Celis; y el exgerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos, Roger Liy Lion; conspiraron para que el proceso beneficiara a HPO, de propiedad de Samir Abudayeh Giha, como informó en su momento La República.
El informe de la Contraloría destaca que la compra se efectuó poco después que tres de los protagonistas del caso, Hugo Chávez Arévalo, Samir Abudayeh y el experto en palma espino, Gregorio Sáenz Moya –quien trabajó como asesor de Chávez-, sostuvieron reuniones con el presidente Pedro Castillo.
Aunque luego Hugo Chávez canceló el contrato con HPO bajo el argumento de deficiencias técnicas y administrativas, la Contraloría continuó con las pesquisas y concluyó que existió dolo en la operación, encontrando responsabilidad penal en la actuación del mencionado Hugo Chávez, Muslaim Abusada, Gunther Document y Roger Liy.
También halló responsabilidad administrativa en el exgerente Ambiental, Juan Gallardar Preto.
Para conseguir el objetivo de digitar la contratación de HPO, Hugo Chávez designó como gerente de la Cadena de Suministros a Muslaim Abusada Sumar, y no obstante que no está facultado para intervenir en procesos de adquisiciones, Chávez lo autorizó a hacerlo. Abusada preparó una serie de informes técnicos que perfilaron la contratación virtualmente con nombre propio, según la auditoría de la Contraloría.
Como informó La República, los funcionarios implicados de Petroperú incluso cerraron la participación de otros proveedores, para que al final quedara únicamente HPO y obtuviera el millonario contrato sin la más mínima competencia.
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Los otros exfuncionarios comprometidos, Gunther Document y Roger Liy, validaron los procedimientos ilegales de Hugo Chávez y Muslaim Abusada para dirigir la contratación de HPO de Samir Abudayeh.
Hugo Chávez negó varias veces públicamente haber tenido alguna forma de intervención para que el contrato resultara adjudicado a HPO. Samir Abudayeh también afirmó que en la reunión con el presidente Castillo no se refirió al proceso de compra de Petroperú.
Después de anulada la contratación de HPO, Petroperú convocó a una nueva licitación, que volvió a ganar la compañía de Abudayeh, esta vez por más de US$ 80 millones.
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Dice el informe de la Contraloría en sus conclusiones:
“Se ha evidenciado que en fechas previas y durante la ejecución del proceso de contratación, terceras personas visitaron inicialmente el Despacho Presidencial y posteriormente Petroperú. Identificándose incluso que uno de ellos (Gregorio Sáenz Moya) tenía vínculo laboral con el socio fundador de la empresa ganadora HPO (Samir Abudayeh)”.
También precisa la auditoría:
“El gerente general (Hugo Chávez), gerente de la Cadena de Suministro (Muslaím Abusada), el gerente del Departamento de Distribución (Gunther Document), el gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos (Roger Liy) y el gerente QHSSE (Juan Gallardar); participaron de manera irregular en las actuaciones de la fase de contratación, toda vez que realizaron actividades sin tener competencia, en vista que eran de responsabilidad del gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos en funciones en dicha fecha”.
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Por lo que la Contraloría recomendó:
“Realizar el procesamiento del Gerente General, Gerente de la Cadena de Suministros, Gerente del Departamento de Distribución, Gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos, comprendidos en los hechos irregulares en el proceso de adquisición de biodiesel B100. Dicha contratación se realizó sin convocar de forma paralela a un proceso internacional y sin la presencia de un notario público, a pesar de ello se otorgó la buena pro y se suscribieron los contratos por un funcionario que no ostentaba con esta facultad, beneficiándose indebidamente a la empresa Heaven Petroleum Operators”.
El caso también lo investiga la fiscal anticorrupción Nora Córdova.
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