En la víspera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución donde ordena al Perú abstenerse de ejecutar la liberación de Alberto Fujimori, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que restituye el indulto humanitario al expresidente otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017.
Rosa María Palacios explicó que la resolución de la CIDH ha citado las sentencias de Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006 -2007). Recordó que Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1991 y 1993.
Durante estos años, dentro del aparato del Ejército del Perú se creó un destacamento secreto llamado Grupo Colina, el cual fue entrenado, capacitado y surtido de equipamiento para asesinar. Este destacamento habría participado en 12 operaciones especiales y asesinado a más de 60 personas, así lo indicó Palacios.
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“De este destacamento estaban plenamente informados y tenían información de dominio tanto Vladimiro Montesinos como Alberto Fujimori (...) Se demostró, durante el proceso de Alberto Fujimori del año 2007 al 2009, que esto no era una estructura paramilitar, sino un destacamento militar constituido para el fin de asesinar”, comentó.
Por otro lado, la letrada precisó que Fujimori sí puede salir de la cárcel, pero cumpliendo con los requisitos que planteó la CIDH en el año 2018. Sin embargo, ni el expresidente, ni su familia y defensa los quieren asumir.
Pese a que el Tribunal Constitucional, con los votos de Ferrero, Sardón y Blume, restituyó el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori, el expresidente no saldría de prisión.
RMP comentó que este 1 de abril se ejecutará una audiencia, donde la CIDH escuchará al Estado peruano, a las familias de las víctimas y al abogado de Fujimori, César Nakazaki.
La conductora de “Sin guion” recalcó que el fallo del TC tiene serios problemas de fondo y forma. Asimismo, señaló que hay dos posibles escenarios. El primero es que la CIDH declare nula la resolución del máximo organismo constitucional del Perú.
En segundo lugar, podría ordenar al Estado peruano revisar el caso de Alberto Fujimori respetando algunos parámetros establecidos en el 2018, como el sincero arrepentimiento del exmandatario, cumplir un tiempo prudencial de la pena, ser una persona mayor y con problemas de salud. Palacios resaltó que el padre de la lideresa de Fuerza Popular cumple con todos los requisitos.
“Están en serios problemas en el Tribunal Constitucional”, acotó.
La excandidata presidencial lamentó el pronunciamiento de la CIDH y responsabilizó al Gobierno de Pedro Castillo de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y en la salud de Fujimori.
“En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico pretende ahora impedir a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori”, dijo la lideresa naranja.
La letrada subrayó que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio; por lo que el Estado no se debe “allanar”, como ha solicitado Keiko Fujimori, sino acatar.
“Quieren ir por un camino político. Ella se opuso al indulto de su padre, es la última persona que puede salir a decir que es válido. Persiguió a su hermano y a PPK. Keiko Fujimori no entiende que en el Perú hay separación de poderes. El Poder Ejecutivo no puede ser responsable de la salud de Alberto Fujimori salvo en la medida de procurarle todo lo que necesita en la Diroes”, apuntó.