El exgerente de Promoción e Inversión Privada durante la gestión de Susana Villarán en la alcaldía de Lima Metropolitana, Domingo Arzubialde Elorrieta, continuará en prisión cumpliendo su condena de 4 años y cuatro meses que se le impuso en 2019 por beneficiar al consorcio LAMSAC (hoy Lima Expresa) en el aumento ilegal de peajes en la capital desde el 2013, aproximadamente.
Según pudo conocer La República, el Tribunal Constitucional rechazó el pasado 11 de marzo un recurso de hábeas corpus que presentó el abogado de Arzubialde, Fausto Salas Lovon. La decisión de declarar improcedente el recurso llevó la firma de los tribunos Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa-Saldaña.
La defensa de Azubialde sostuvo que tanto en primera como en segunda instancia, además de la Corte Suprema de Justicia, “tuvieron una actitud irresponsable, inhibitoria, poco valiente, frente a una detención manifiestamente arbitraria, absurda e inconstitucional, ya que no han podido mostrar una sola prueba que acredite que el favorecido recibió una coima, recibió un pago, un beneficio, conversó o se reunió, habló o llamó a los concesionarios para supuestamente haber incurrido en un ilícito penal”.
No obstante, el TC determinó que tanto ese argumento como el hacer hincapié en la inocencia del exfuncionario que habría sido probada en un informe de Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República en 2017, “se encuentran relacionados a una revaloración de los medios probatorios, lo que en definitiva no resulta atendible en sede constitucional”.
En otras palabras, temas de fondo y acerca de la responsabilidad penal del exgerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima deben verse por la justicia ordinaria, el Poder Judicial, y no el Tribunal Constitucional.
“El recurso interpuesto no está relacionado con una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional, pues los hechos y el petitorio de la demanda no están relacionados en forma directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”, remarcó el TC, denegando el hábeas corpus que pedía la liberación de Arzubialde.
Domingo Arzubialde Elorrieta fue condenado en mayo de 2019, en doble instancia, a 4 años y cuatro meses de prisión luego de que se le encontrara culpable de haber aplicado una fórmula ilegal al variar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) en 2013, distinta a la fijada por el contrato de concesión firmado con Lamsac en 2009. Permitió con ello a la Línea Amarilla (integrada entonces por la brasileña OAS) obtener ganancias fuera de lo establecido y con el dinero de miles de usuarios.
No obstante, tras esta condena de carácter penal faltó determinar la reparación civil que debía pagar Arzubialde. Se reservó entonces este juicio oral para revisar estrictamente cuánto debían pagar la concesionaria y Arzubialde a favor del Estado por los daños ocasionados.
Tras varios meses y resoluciones judiciales de por medio, este juicio comenzó finalmente en agosto de 2021 con la participación de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, que es dirigida por Silvana Carrión Ordinola.
A lo largo de este proceso se definirá si tanto la empresa como Arzubialde pagarán alrededor de 17 millones de soles a favor del Estado.