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Política

Vidal: Si la sentencia del TC atenta contra los derechos humanos, el Estado no tiene que defenderla

La constitucionalista negó la afirmación del abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, sobre la responsabilidad que tendría el Gobierno de avalar la resolución para la libertad del exdictador.

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Procedimiento. Vidal dice que solo una resolución judicial levantaría la medida cautelar. Foto: Félix Contreras / La República

César Nakazaki, defensa del expresidente Alberto Fujimori, señaló este martes 22 de marzo que el Gobierno de Pedro Castillo debería “defender” la decisión del Tribunal Constitucional que da lugar al indulto humanitario al exdictador y le concede libertad, pero, en vez de ello, estaría buscando “sabotear” la medida.

De acuerdo a la Constitución, el Gobierno tendría que defender la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero, (...) ha dicho que la va a sabotear, más bien”, refirió el letrado.

Sin embargo, la constitucionalista Ana María Vidal señaló que esta afirmación es errónea, dado que la Carta Magna, en su primer artículo, señala que el fin supremo del Estado “es la defensa de los derechos de la persona y de la ciudadanía”.

“Salir a decir ‘tiene que ir a defender sí o sí una sentencia’ (está equivocado), si esta sentencia atenta contra el Estado de derecho, atenta contra los derechos humanos, (el Estado) no tiene por qué ir a defenderla”, manifestó a La República.

Precisamente, el exdictador fue condenado a 25 años de prisión por delitos en contra de los derechos humanos, al comprobarse su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones de Barrios Altos y La Cantuta.

A ello, se le suma un proceso por el caso de las esterilizaciones forzadas que involucran a más de 200.000 mujeres que fueron intervenidas quirúrgicamente sin ser informadas de forma correcta sobre lo que estaba sucediendo.

En caso de sentencia “mal dada”, Estado peruano no tiene injerencia

Explicó también que lo procuradores supranacionales son quienes tienen que defender al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh); sin embargo, también afirmó que, si una sentencia está mal dada, no es obligación del Estado peruano ir a absolver o a defenderla.

“No hay una lógica en lo que está diciendo Nakazaki (...) para eso hay competencias, para eso está la Procuraduría, y es el procurador supranacional que va y defiende al Estado frente a estancias internacionales”, acotó.