14N: Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez dieron sus descargos y descalifican denuncia

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República escuchó hoy los descargos de Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo en su condición de investigados en el marco del análisis de la denuncia constitucional en su contra como presuntos autores por omisión impropia del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado y los que resultaron heridos en las marchas de noviembre de 2020.

Buscaron sesión reservada

La presidenta del grupo de trabajo, Rosío Torres, antes de comenzar con la audiencia consultó a las partes sobre si deseaban que la sesión sea pública o privada. El primero en ser preguntado fue Merino de Lama, quien manifestó su posición a favor de que sea privada. A esta línea se unió Flores-Aráoz diciendo: “Habiendo expresado el señor expresidente que sea privada, ya no tiene sentido que yo exprese mi opinión” y posteriormente confirmó que se sumaba a esta postura.

El tercer consultado fue Rodríguez Limo, que opinó de forma distinta y pidió que sus coinvestigados reformulen su posición. “Quisiera por su intermedio si pudiera haber una reconsideración de pregunta al señor Merino porque considero que por la importancia del caso todo el país debe enterarse de la verdad de los hechos”.

Ante esta iniciativa, Merino y Flores-Aráoz cambiaron su decisión. “No tendría ningún problema, habiendo la necesidad de que el país sepa. En ese sentido, rectifico mi pedido y solicito a la presidencia que esta audiencia sea pública”, dijo el acciopopulista. “Pública, señora presidente. Yo siempre me inclino por la transparencia”, replicó el ex primer ministro.

Pruebas no consideradas

La audiencia que fue suspendida al contar en agenda posteriormente los testimonios de 29 testigos de los hechos que dieron como resultado los asesinatos de los jóvenes, se expuso el resumen del informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas a cargo del congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, quien dio una línea cronológica de los eventos. Mencionó que los hechos considerados son los que “evidencian que los denunciados tenían conocimiento o grado de decisión en una circunstancia particular o en una orden de acción o no lo tuvieran”, así como “todo documento que hubieran impartido órdenes o determinados comportamientos en los efectivos del orden”, entre estos últimos los planes de los operativos para controlar las manifestaciones de esos días.

Sin embargo, informó que no consideraron los que “no aportaban hechos o conductas que hubieran sido parte importante de una decisión o comportamiento que podía influir en las razones o justificaciones para tomar una decisión en cuanto a la actuación de las fuerzas policiales”. Durante la sesión, Flores-Aráoz y su abogado señalaron que entre estos están la reunión que tuvo el ex primer ministro con la Policía y los felicitó por su labor, así como la versión que informó el fiscal en la sesión sobre que el entonces presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú, Eduardo Guzmán, comentó que para Flores-Aráoz “le estaban dando mucha cabida a las manifestaciones” en el canal del Estado.

“Violación a derechos humanos”

Ramiro Gonzáles Rodríguez, fiscal adjunto supremo y coordinador del área de denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, defendió la postura de la entidad para denunciar a los tres altos funcionarios. Precisó que los hechos investigados se produjeron “a partir de una crisis política que se derivó en una crisis social”. Asimismo, resaltó que se evidenció en la interna de la Policía Nacional, en referencia al informe de la Oficina Nacional de Integridad del Ministerio del Interior, y en medios de comunicación un “uso desproporcionado de la fuerza pública en el control de las manifestaciones”.

Indicó también que en este momento diferentes organizaciones nacionales e internacionales, como la Secretaría General de la OEA, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la relatoría para la libertad de prensa de la Comisión, exhortaban al Estado peruano, que estaba a cargo de las autoridades, a hacer un uso prudente y racional de las acciones que tomen para controlar a los ciudadanos. No obstante, menciona el fiscal, cuando se les ha preguntado a los denunciados sobre esto, “han dicho que no tenían conocimiento”.

“Hubo un contexto de protesta donde se vulneraron derechos humanos. (…) Esa respuesta policial desproporcionada significó violación de los derechos humanos a la vida, integridad, a la protestas, entre otros derechos que están conexos”, mencionó el representante del Ministerio Público.

Gonzáles agregó que las entidades tienen el deber de evitar estas violaciones, pero también de, si estas se dan, investigar y sancionar a los responsables, ya sean mediatos, como a “las estructuras de poder que permitieron estas violaciones”, y estos últimos, menciona, son los denunciados. Resalta que los tres exfuncionarios tenían información de primera fuente de los tres del servicio de inteligencia sobre el desarrollo en espiral de esta violencia.

“Tenían la posibilidad de cambiar el curso de los sucesos, no lo hicieron, y eso, de acuerdo al derecho interno e internacional, implica una responsabilidad. (…) Decir no conocer teniendo esos cargos en el desarrollo de los sucesos también implica una responsabilidad penal por omisión, manifestó el fiscal.

“Tenía fines políticos”

El exlegislador de Acción Popular Manuel Merino señaló que es víctima de persecución política. “Es penoso y lamentable esta denuncia constitucional sesgada de perseguimiento político que ha hecho el Ministerio Público durante la instancia de haber asumido la presidencia”, comentó al inicio de su intervención, y agregó: “La cadena de mando, cuando se me pretende hacer responsabilidad, se rompe porque los delitos por homicidio por lesiones leves o graves no han podido justificarlas, porque no saben quién mato a los jóvenes, no lo saben porque no han investigado”, mencionó.

Merino de Lama continuó con su argumento de que no se ha llamado a declarar a los políticos que “azuzaron a las marchas en un momento de pandemia” y mencionó la falsa afirmación de que estas marchas provocaron la segunda ola de la pandemia de la COVID-19 en el Perú. “Inclusive hay un doctor Huerta que salía a azuzar, a decir que la marchas eran legítimas y podían salir con pañuelos con vinagre, cuando en realidad las marchas originaron la segunda ola, que nos ha dado más de 200.000 muertos, y el Ministerio Público no ha hecho una investigación”, enfatizó.

Asimismo, el acciopopulista mencionó que no se ha demostrado que la Policía haya utilizado las armas con las que asesinaron a los jóvenes. “Ha habido gente infiltrada, gente posiblemente pagada, gente interesada a que esta función legitima de Manuel Merino era ilegal. (…) ¿Acaso el MP ha llamado a esos 40 desaparecidos?, ¿cómo sabemos si esos desaparecidos fueron gente que utilizó a esta gente para que nuevamente genere esta inestabilidad que dio como respuesta mi renuncia irrevocable?”, continuó.

“Estos señores Inti Sotelo y Bryan Pintado fueron nombrados héroes del Bicentenario de la Independencia por participar en una marcha violenta que dejó lamentablemente policiales heridos, ciudadanos, civiles heridos y esto dos jóvenes muertos. ¿Servía como símbolo para presionar y avalar la renuncia de Manuel Merino y luego tacharlo para procesarlo? Tenía fines políticos”, y mencionó que en otros casos de asesinatos de efectivos de las Fuerzas Armadas no se les ha calificado como héroes.

Por su parte, su abogado Juan Alejandro Olavarría Vivian consideró que la omisión debe ser intencional, no de causalidad o negligencia. “Por tanto esta denuncia es definitivamente huérfana de todo sustento tanto factico como jurídico. Es extemporánea por prematura, por decir lo menos”. “No ha habido una verdadera desproporción de la fuerza pública; evidentemente toda acción genera una reacción y la Policía ha actuado dentro de los mecanismos razonables y legales”, refirió.

“Actos vandálicos fueron de terceros”

El extitular de la PCM apuntó también a desprestigiar las movilizaciones de noviembre. “El derecho a la protesta se puede dar en muchas formas con comunicados, con declaraciones de prensa, en fin, pero aquí se dio con varias protestas en las calles incumpliendo las normatividad, cosa que no se esta diciendo, había declaración de emergencia nacional y sanitaria”, señaló.

Sostuvo que estas manifestaciones a pesar de que iniciaron como pacíficas, no terminaron así. “Luego entraron gentes que no tienen que ver, se infiltraron y sabemos en qué terminó. Actos vandálicos fueron tremendamente de terceros y no solamente destrozaron locales comerciales, sino también obras públicas y privadas, y el fallecimiento de dos jóvenes que todos deploramos”, manifestó.

Flores-Aráoz señaló que su encuentro con la Policía en esos días “ha sido declarada (prueba) no pertinente”, pero mencionó que presentará la grabación íntegra de la reunión en que se demostrará que fue a la Policía “a a invocar que se respete los derechos humanos”. “Este manchón no lo puedo permitir porque no lo merezco. Tengo 80 años y lo que pretenden es que vaya preso 33 más, no viviría para contarlo. Esto es un absurdo de los absurdos”, subrayó. Por su parte, su abogado Benji Espinoza calificó la denuncia de “huérfana en argumentos y pruebas. No tiene indicios. Debe ser archivada, desde el punto de vista jurídico penal técnico es una aberración”, indicó.

“Se habla de represión policial, es restablecimiento del orden público”

Por su parte, Gastón Rodríguez afirma que no tuvo conocimiento de la nota de inteligencia formulada por la DINI titulada: “Riesgo de escalamiento de la conflictividad social en el contexto de la transitividad política” que la Fiscalía usa como argumento para señalar que él, como los otros exfuncionarios, sabían del riesgo de que el descontrol aumente.

“Cuya distribución se encuentra consignada y no figura el Mininter habría sido comunicada en mi despacho a través de una reunión de cinco ministros cuando me hice cargo del ministerio. No tuve conocimiento de ello”, mencionó. Añade que en la reunión del 12 de noviembre no escuchó del tema y que la reunión del 14, al realizarse mientras se desarrollaba los hechos lamentables, no logró informarse al respecto. “No pude manejar la información de la DINI ni tampoco mis coimputados”, indica el exministro.

Sobre su declaración a los medios de comunicación en la que negaba un uso desproporcionado de la fuerza, Rodríguez Limo comentó que su versión se basó en que los efectivos de la Policía no utilizaron instrumentos ilegales, como se revelaba durante las marchas. “Mi declaración se baso en la verdad, no hay que negar algo que no existía. La Policía Nacional no actuó con armamento ilegal como humo o canicas”, mencionó.

El investigado manifestó que estuvo 48 horas en el cargo y durante ese tiempo emitió algunos informes indicando a la entidad policial que las acciones se deben ceñir al respeto de los derechos humanos, pero por la forma en cómo se desarrollaron no lograron tramitar mayor documentación. “Se habla de represión policial, no la hay. La palabra es restablecimiento del orden público. Lamentablemente intereses políticos buscan menoscabar la moral de la Policía”, finalizó. Su abogado, Mario Amoretti, solicitó que la denuncia sea archivada porque “no tiene ningún sustento, indicio o prueba respecto a la supuesta responsabilidad” de su defendido.

La presidenta de la Subcomisión mencionó que la sesión queda suspendida para que próximamente se reanude con los testimonios de testigos de los hechos. Tras este periodo, el legislador Alejandro Cavero presentará un informe final en el que recomienda o no la procedencia de la denuncia constitucional. Esta luego debe pasar a la Comisión Permanente. Si esta comisión lo respalda, pasa al Pleno del Congreso, en donde se decidirá si se autoriza o no la misma para que el Poder Judicial inicie el proceso penal.

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