La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, la cual preside la parlamentaria fujimorista Patricia Juárez, durante el pasado martes, aprobó por mayoría el dictamen de insistencia sobre la autógrafa de ley que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Legislativo antes de que sea sometida a referéndum.
El texto sustitutorio modifica los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, con el propósito de prohibir la convocatoria a consulta popular para reformas a la Constitución que no hayan sido discutidas ni tramitadas por el Congreso. En ese sentido, dicho dictamen deberá ser evaluado en el Pleno del Parlamento, donde podría ser aprobado por insistencia.
El camino para llegar hasta esta instancia comenzó el último noviembre, cuando la Comisión de Constitución aprobó el texto sustitutorio para modificar los artículos de la norma antes mencionada con 11 votos a favor, seis en contra y una abstención.
Posterior a su aprobación en el grupo de trabajo parlamentario, el dictamen llegó al Pleno del Congreso el último 16 de diciembre, donde también se decidió aprobar por mayoría con 76 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones. Esto, con el apoyo de parlamentarios de la bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular y Podemos Perú.
En ese sentido, el dictamen fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación y observación. Por tal, el Gobierno decidió pedir una serie de modificaciones al Legislativo, específicamente a la Comisión de Constitución
El último 13 de enero, el presidente Pedro Castillo y la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, enviaron un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en el que detallan las observaciones que hicieron a la autógrafa de ley que limita el referéndum.
En el documento redactado por el Gobierno, precisaron que con este dictamen se “restringe arbitrariamente el derecho al referéndum previsto en la Constitución” y que se “vulnera principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional para ejercer el derecho a referéndum”.
Asimismo, explicaron que la ley afecta afecta los principios de razonabilidad y seguridad jurídica al establecer que el Congreso disponga que el presidente realice la convocatoria a referéndum.
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“La autógrafa de ley vulnera los principios de separación de poderes y de competencia, al inmiscuirse en la competencia exclusiva y excluyente del Ejecutivo de formular y dirigir la Política General del Gobierno”, agregaron en el oficio.
Sumado a ello, enfatizaron en que hay una falta de justificación y ausencia de análisis constitucional de proporcionalidad de la restricción de los derechos de participación y referéndum. Por tal, refirieron a que esta iniciativa plantea una nueva interpretación de la Constitución, a través la modificación de una ley ordinaria, cuando el camino es por una reforma a la carta magna.
Tras las observaciones hechas por el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros, el dictamen volvió a la Comisión de Constitución, pero esta decidió no realizar los cambios solicitados y lo aprobó por insistencia el último martes 18 de enero con 11 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.
Los legisladores que votaron para la aprobación fueron: Patricia Juárez y sus colegas de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga, Martha Moyano y Héctor Ventura. También apoyaron la norma Gladys Echaíz (APP), Adriana Tudela (Avanza País), Alejandro Cavero (Avanza País), Alejandro Muñante (Renovación Popular), José Elías (Podemos), Luis Aragón (Acción Popular) y Wilson Soto (AP).
Durante la sesión donde se tomó esta decisión, el legislador de Perú Libre Waldemar Cerrón propuso que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, acuda al grupo de trabajo parlamentario para que explique las observaciones hechas por el Gobierno. No obstante, su pedido fue desestimado.
Finalmente, este dictamen será elevado al Pleno del Congreso para ser puesto a debate y votación. En caso esta sea aprobada nuevamente por los parlamentarios, la norma será promulgada por la presidenta de la institución, María del Carmen Alva.