En política, las formas importan y esto es algo que parece costarle un poco al presidente de la República, Pedro Castillo. Él fue cuestionado por sus visitas sin registrar en la casa del jirón Sarratea de Breña a pesar de las advertencias previas de la Defensoría del Pueblo. Este último martes, en un acto más cargado de simbolismo que con un efecto real, acudió a pie a tocar las puertas del Ministerio Público para una reunión con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y a solicitar la reprogramación de la fecha de su citación para declarar ante esta entidad.
Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión señaló —en diálogo con La República— que es poco usual que un presidente acuda personalmente a pedir una reprogramación de una citación ante una fiscal de la Nación. “En el ámbito ya presidencial, las solicitudes y reprogramaciones de las declaraciones solo pueden formularse ante la fiscal de la Nación y lo ideal no es que vaya caminando y la fiscal lo atienda, sino simplemente enviar un escrito o a su abogado para que hable y gestione la reprogramación, pero es muy poco usual que te atiendan inmediatamente por su investidura presidencial”, señaló.
Este gesto de Castillo, que busca enviar una señal de transparencia y apertura a las investigaciones, podría ser visto diferente por otro sector que podría denunciar una falta de objetividad de la fiscal Zoraida Ávalos, al atender de forma privilegiaba al jefe de Estado, más allá de la investidura que representa. Andy Carrión advirtió que lo ocurrido este último martes se presta a subjetividades y que estas deberían ser evitadas.
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“La fiscal de la Nación en rigor, desde mi punto de vista, no debió haberlo recibido porque, se quiera o no, tiene que guardar un aspecto externo de objetividad en la investigación. Obviamente incluso debe aparentar la objetividad y siempre se presta a subjetividades o presuntos favorecimientos al presidente”, refirió el experto.
Por otro parte, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Óscar Urviola enfatizó que es importante guardar las formas porque los protagonistas del encuentro del martes son autoridades de rango constitucional.
“No le veo inconveniente en la medida que esto se haya realizado de manera pública, pero creo que no corresponde desde el punto de vista protocolar que el presidente de la República, que es el más alto dignatario del país, tenga que acudir a otra autoridad también de rango constitucional, pero que está por debajo de la alta investidura de un presidente. Y creo que esas formas se deben guardar”, declaró.
Recientemente el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra funcionarios de Petroperú y otros por el presunto delito de colusión simple y negociación incompatible por la compra de Biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators. En una de las reuniones cuestionadas, apareció el nombre del jefe de Estado. Por otro lado, la citación en calidad de testigo, que fue la naturaleza de la reunión con Zoraida Ávalos, fue por otra investigación relacionada a Bruno Pacheco y las presiones desde el Ejecutivo para concretar ascensos irregulares en el Ejército.